Las otras cuentas
“Todo ese daño lo pagaremos de nuestros bolsillos”
LA reciente sentencia del Juzgado Administrativo de Mocoa (Putumayo) que ordenó el reintegro al cargo del general Jorge Pineda Carvajal, retirado del servicio en octubre de 2003 en pleno apogeo de la “Seguridad Democrática”, es la más reciente, pero no la única, ni la última decisión que condene al Estado a pagar cuantiosas indemnizaciones por las actuaciones de quienes abusaron del poder durante los últimos 8 años.
El gobierno que encabezó Álvaro Uribe Vélez desde 2002 y que casi no entrega en 2010, va en camino de convertirse, probablemente, en el más costoso de la historia para las arcas del Estado y no solamente por las enormes cifras involucradas en los escándalos de corrupción descubiertos hasta ahora, sino por el monto y frecuencia de las indemnizaciones que habrá de pagar por cuenta de las arbitrariedades cometidas contra los derechos de funcionarios y particulares durante esos aciagos años.
Las indemnizaciones y los costos de los reintegros son directamente proporcionales al nivel del cargo que tenía el funcionario caprichosamente separado del servicio estatal y se incrementa casi geométricamente con la natural mora de la administración de justicia en resolver el caso. En esa perspectiva, los ministerios de Defensa y de Hacienda van a terminar saltando matones para pagar las sentencias de los 29 oficiales que Uribe echó el 29 de octubre de 2008, o la del almirante Arango Bacci, a quien no sólo retiraron injustificadamente del servicio activo, sino que le inventaron un proceso penal -con la complicidad de la Fiscalía-, le fabricaron pruebas y lo privaron de la libertad, hasta cuando finalmente la Corte Suprema de Justicia lo absolvió y ordenó investigar a sus acusadores. ¿Cuánto creen que pueden costarnos a los contribuyentes sólo ese par de sentencias?
A lo anterior hay que sumarle todas las indemnizaciones que habrá que pagar por los más de 2.000 falsos positivos que van a la fecha, algunos de los cuales han sido confesados por los propios militares involucrados en ellos. Y en ese taxímetro deben incluirse las detenciones arbitrarias que la “seguridad democrática” convirtió en masivas durante esos 8 años. Ya nadie lo recuerda pero en septiembre de 2003 capturaron a casi todos los habitantes de Quinchía (Risaralda), entre ellos a un ciudadano ciego de más de 75 años, y aunque para 2005 ya estaban casi todos libres, todo ese daño lo pagaremos de nuestros bolsillos.
Todos esos casos, que no incluyen los jueces y magistrados víctimas de las “chuzadas”, los desplazados o los homicidios en los que hay agentes oficiales involucrados, amenazan con llevarse por delante una buena tajada del Presupuesto Nacional.
Esa es otra forma de corrupción: la del abuso del poder, insuficientemente combatida e incluso socialmente aceptada, porque todavía en muchos círculos la arbitrariedad se confunde con el carácter.
Con tantas indemnizaciones por pagar originadas en los abusos de su gobierno, Uribe ha debido dejarle a Santos un galpón de gallinas de huevos de oro y no unos simples “huevitos” quebrados.
Twitter: @quinternatte