Ahora anda amenazando el ministro de Transporte con que va a restringir el tránsito de vehículos particulares en las horas pico en todas las ciudades de Colombia. Seguramente eso fue lo que le prometió al gremio de taxistas quienes como cualquier mafia extorsionan y amenazan con paralizarlo todo si no se accede a sus peticiones.
Y sus peticiones no son otras que desaparecer de la faz de Colombia a los Ubers y demás aplicaciones similares. También se trata de una amenaza populista llena de resentimiento y odio por el carro particular y su propietario quien paga impuestos de rodamiento, IVA, aranceles, gasolina cara y demás impuestos para pagar entre otras cosas el sueldo y las Toyotas del ministro, las cuales jamás cambiará por ningún transporte público.
Parece que la característica principal de este gobierno es que sus funcionarios además de arrogantes no saben dónde están parados. Qué pueden hacer y qué no. ¿Será arrogancia o ignorancia?
Lo que no les dijo el ministro a los taxistas es que legalmente está impedido para tomar cualquier medida tendiente a la organización del tránsito y del transporte en Bogotá. Si lo hace es ilegal y estaría prevaricando y podría tener un carcelazo de entre 48 y 144 meses.
La Alcaldesa Mayor es la máxima autoridad en materia de tránsito y transporte en Bogotá, en virtud de lo establecido en la ley 769 de 2002 y ley 1383 de 2010. Es ella la única que puede expedir normas y tomar las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas. No el todopoderoso ministro de Transporte.
Siendo esto así, el ministro de Transporte como autoridad de tránsito y transporte del orden nacional podrá expedir las normas que quiera tendientes a organizar o limitar el tránsito de vehículos a nivel nacional pero no local. Bogotá ya está bajo la jurisdicción de otra autoridad de tránsito y transporte distinta que es la Alcaldesa Mayor. Es más, las facultades legales como autoridad de tránsito y transporte de los alcaldes, incluyendo el de Bogotá, han sido ratificadas numerosas veces por el Consejo de Estado y el decreto 1555 de 2020.
Aunque se trata de otra propuesta populista, me pregunto ¿dónde están los abogados de las instituciones “fuertes” de Colombia cuestionando y llamando al orden legal semejante ilegalidad de propuesta? Nadie ni se ha dado cuenta…
Así como el jefe del ministro, con ignorancia y arrogancia sale a decir que él es el jefe del fiscal y la Corte Suprema de Justicia lo tuvo que corregir -ahí si en una muestra de fortaleza de las instituciones- deben corregir a este funcionario que quiere arrogarse facultades legales que no tiene.
Una muestra más de la ignorancia, arrogancia, desconocimiento de la ley, irrespeto por el imperio de la ley, total destrucción del Estado de Derecho con la que se está manejando este país. Y la gente y los medios les creen…
¿Estará enterada Claudia o tampoco sabe?...
juanfelipereyes@hotmail.com