Una política para el archipiélago
Nos corresponde aplaudir y respaldar la posición del Gobierno Nacional que define al fin una política clara en relación con el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Merece destacarse de esta decisión que mantendremos nuestros derechos de explotación económica soberana sobre toda la zona marítima a partir del meridiano 82 hacia el archipiélago; conservamos la soberanía en todo el archipiélago y su zona contigua; protegemos como nos corresponde la zona de resguardo ecológico sobre la reserva marina de Sea flower, conectamos la plataforma del archipiélago en forma extendida con la de nuestra costa Caribe continental para evitar la política expansionista de Nicaragua en la zona, entre otras definiciones importantes.
Por supuesto que el fallo del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya era inaplicable, por múltiples razones que hemos venido exponiendo desde esta columna y desde que se expidió la decisión; ignoró nuestros títulos legítimos desde la colonia, contenidos en reales cédulas que le dieron a la Nueva Granada soberanía hasta la costa de Mosquitos; desconoció nuestra posición ininterrumpida e indiscutida en la zona por más de ciento cincuenta años, y los derechos ancestrales de nuestros pescadores que trabajan en la zona; desconoció tratados internacionales entre las partes sin competencia para ello y anteriores incluso a la creación de la misma Corte; derribó su propia jurisprudencia de cómo se delimita un archipiélago, enclavando islotes y seccionando la zona contigua; afectó tratados limítrofes con otros países que no fueron vinculados al proceso, los cuales desaparecen por arte de magia y sin explicación alguna; invocó principios de equidad sin competencia para ello, pues en su acto de creación se advierte que debe fallar en derecho, y en ningún caso cuando hay tratados entre las partes, desconociendo de esta manera el derecho internacional; lejos de contribuir con la solución pacifica de un conflicto, alborotó toda la región Caribe poniendo en grave aprieto su estabilidad.
La estrategia jurídica del Gobierno es adecuada; se invita a Nicaragua a definir el tema en forma negociada con la observación de que según nuestra Constitución, solo el Congreso de la República es competente para modificar los límites de nuestro país señalados en la Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales. Será el Congreso el órgano competente para aprobar o no dicho tratado.
Lo que se sigue es manifiesto: en primer lugar rodear al Presidente; en temas que tienen que ver con nuestra soberanía la nación debe mantenerse unida y firme en sus propósitos; en segundo lugar desplegar nuestras fuerzas navales en el Caribe, en nuestros mares y proteger a nuestros pescadores y las reservas ecológicas; y por último mantener una acción diplomática con los países centroamericanos con los que hacemos causa común y con la comunidad internacional que sabe y aprecia lo que es mantener el control del Caribe, por sus legítimos dueños. El mar Caribe no puede convertirse en un escenario de discusión entre izquierdas y derechas.