Estrados y leguleyadas
Llaman la atención varias ocurrencias jurídicas de los últimos días, que bien vale la pena nuestro comentario para información de los lectores.
En primer lugar, las “leguleyadas” que se han inventado en el controvertido debate para la elección de Contralor General de la República, a propósito, salpicado de política hasta más no poder, al punto que los candidatos estaban convenidos en los sectores políticos desde hacía varios meses. Decir que el exprocurador Edgardo Maya está inhabilitado por haber sido conjuez de la Corte Constitucional en el último año es por lo menos un despropósito; quienes prestan desinteresadamente dicho servicio no son funcionarios públicos y no se inhabilitan para ningún cargo, salvo los asuntos que tengan que ver directamente con las causas en las que intervienen. Pero un mayor exabrupto se presenta cuando señalan que está inhabilitado porque cumple los sesenta y cinco años durante su período como Contralor; por supuesto que no, a ese cargo, como a ningún otro de control se le aplica la edad de retiro forzoso, está dentro de los excepcionados. Al único que sacaron con ese cuento fue al exfiscal De Greiff, pero después quedó clara la cosa. Lo otro que han esgrimido es que su designación fue espuria, puesto que su nombre, junto con otros preseleccionados no alcanzó la mayoría requerida y no podía volver a ser considerado posteriormente; a lo que se responde que ello no es lo que dice el reglamento de la Corte Constitucional, todo lo contrario, señala que por decisión de la Corte nuevamente se pueden considerar los nombres iniciales y ello fue lo que se hizo. Así que no hay vuelta de ojo, el nuevo Contralor está firme y en piedra para su período de cuatro años.
También llamó la atención que se cumplió el término para la proposición de excepciones preliminares por parte de Colombia, frente a la nueva demanda que entabló Nicaragua el 17 de septiembre de 2013 ante la Corte Internacional de Justicia, con la que pretende la delimitación de la “plataforma continental extendida más allá de las doscientas millas”, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar (Convemar), de la cual no somos parte. No sabemos qué alegó la defensa colombiana. Se ha dicho que es materia de reserva, con lo cual no estamos de acuerdo y pronto se sabrá cuando le den traslado a la contraparte. Hubiese sido mejor abordar la defensa de cara al país, que no puede ser otra que rechazar la competencia de la Corte para conocer de esta controversia, fundamentada en una convención de la cual no somos parte.
Se nos queda en el tintero la reforma al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al parecer efectuada por decretos que ametrallan la Constitución Política, que a ojo de buen cubero pareciera que atiende más a satisfacer vanidades que propósitos de buena marcha de la administración pública. Ya nos referiremos a ello posteriormente.