¿Y Colombia qué?
En la década de los noventa del siglo anterior escribíamos sobre la amenaza de Nicaraguarespecto del archipiélago de San Andrés y Providencia. A comienzos del siglo XXI, lo hicimos ante el ataque nica, cuando en el año 2001 formalizó su libelo, con base en el acto ilícito internacional de declaratoria unilateral de nulidad e invalidez del Tratado Esguerra-Bárcenas y la solicitud a la Corte Internacional de Justicia de validar dicha decisión, a la cual el Tribunal dio trámite para desecharla en el 2007, ratificando la soberanía colombiana, pero declarando que el meridiano 82 no es frontera marítima, para terminar parcelando el mar en la sentencia de noviembre del 2012, la cual, tal como lo habíamos advertido, es inaplicable, según lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos.
Nuestras opiniones no se tuvieron en cuenta. Nos hicimos parte de un proceso, en un estrado al cual no teníamos que concurrir, otorgando jurisdicción a la Corte y corriendo con las consecuencias, al validar, de alguna manera, la actitud inmoral del Estado vecino. Sostenemos que el fallo, tal como está, es inejecutable, pero subsiste un inconsecuente silencio en cuanto a la forma como se logrará la suscripción de Tratados para precisar y reorganizar la geopolítica en una zona vital del área Caribe.
Voces autorizadas, en Nicaragua y Colombia, advierten el desastre ambiental que arrancará, a partir de diciembre de 2014, con la construcción del Canal Interoceánico, obra entregada en concesión por Nicaragua, a la empresa China H.K.
Los desastrosos efectos de esta operación se sentirán en ambos países, con el deterioro de la mayor reserva de arrecifes de coral del planeta en la reserva de biosfera de “Sea Flower.” Está cantada la violación de derechos, la contaminación del mar, el enredo del paso de buques de inmenso calado, el deterioro irremediable del archipiélago de San Andrés y Providencia, la estabilidad de múltiples comunidades indígenas, la supervivencia de sitios arqueológicos. En Nicaragua se encuentra en peligro la reserva Bosawas, de dos millones de hectáreas de selva húmeda. Si seguimos sin pronunciarnos el error de no actuar para impedir la catástrofe, golpeará a los raizales, al país y a otras naciones.
Dejar constancias es triste y sumar más a las anteriores, lamentable. ¿Colombia, nada tiene que decir, ni qué hacer en cuanto al impacto futuro contra la sostenibilidad ambiental? ¿Delegaremos otra parte de la soberanía en abogados costosos y expertos extranjeros? ¿El problema merece debate en el Congreso de la República? Las respuestas a los anteriores interrogantes no se conocen y los ciudadanos tenemos derecho a recibir información y explicaciones.