Con lupa social

El  proyecto de Reforma a la Educación presentado por el Gobierno al Congreso muestra en su trasfondo una perspectiva de lo que serán en adelante las reformas de contenido social para que se conviertan en Ley de la República. No pueden tener iniciativas de una sola tendencia.
El Gobierno tropezó desde el comienzo, al anticipar el presidente Santos, en uno de los Acuerdos para la Prosperidad, que había una iniciativa para dirigir inversión privada hacia las universidades públicas para fortalecer investigación y desarrollo de proyectos. Lo dio como un hecho y se interpretó como decisión impositiva, con debilitamiento de la educación pública.
Luego la explicación oficial corrigió y dijo que sería una Reforma de consenso y se hicieron foros con más agitación que debate. No tuvo defensores, pese a reiteradas aclaraciones de la Ministra de Educación.
El clima subió de temperatura cuando se pronunciaron estudiantes y rectores de universidades públicas. “De entrada, la rechazamos,” fue el pronunciamiento contundente del Rector de la Universidad Nacional.
La experiencia demostró que los foros son importantes porque recogen sugerencias, pero al mismo tiempo se olvidan al definir el texto de una reforma. Las mesas de diálogo y concertación cobran su importancia, porque se escucha, se argumenta y se valora, aportes en los que se condensan los intereses ciudadanos de manera general y sin discriminación.
El momento mundial impone respeto a la esencia de la política social de Estado. En 2010, Francia, España y Alemania, entre otros, acondicionaron su educación superior a la tecnología y criterio global del presente siglo, combinando propuestas de todos los sectores ciudadanos.
Lejos del sabotaje e infiltración de vándalos que hubo en varias ciudades, en la opinión pública se destaca a la dirigencia estudiantil que, con argumento y contenido, destaparon la inconsistencia de la Reforma y dejaron al descubierto que hace varios años se enreda con distintas intenciones, o simplemente se confunde lo público con lo estatal y gubernamental.
Prevalecen en los consejos de universidades regionales intereses de dirigentes de partidos políticos en cada zona, al igual que de gobernaciones y alcaldías de turno, y se presentan como supuestas instituciones públicas de educación superior.
El eco provocado por la Reforma a la Educación Superior abrió el obligatorio modelo de consenso mayoritario con la ciudadanía para discutir normas constitucionales. Tendrá resonancia en política laboral y en salud pública y privada. No está lejos una necesaria revisión a algunas fundaciones de distintas actividades con falso rótulo.
Ojalá con lupa social se formen las nuevas entidades creadas en la Reforma al Estado, para que Gobierno y sociedad pasen al equilibrio legislativo.