¿Colombia en guerra?
¿SERÍA deseable que las fuerzas militares capturaran vivo al nuevo jefe de las Farc? Definitivamente sí. Para que sea enjuiciado por crímenes de lesa humanidad. Una columna de Pedro Medellín Torres (El Tiempo, 28 de noviembre) dice que la ejecución de dos oficiales y dos suboficiales de la Policía Nacional reitera un estado de guerra (los límites de la guerra) que azotaría a Colombia.
La política exitosa de la administración Uribe, seguida en su ritmo por el actual gobierno -esto nos vienen diciendo los cuatro últimos ministros de Defensa (Santos, Silva, Rivera y el actual)- ha resultado en la recuperación de la soberanía en el territorio nacional. Un informe reciente del Diario del Huila (noviembre 6) es revelador. Una fuente militar local citada (que no busca magnificar situaciones con objetivos políticos) manifiesta desde la zona de más fuerte predominio de la subversión: ¨Se han fugado algunos (guerrilleros), otros han muerto y no han podido mantener o consolidar corredores, cada vez más enterrados, relevados por cabecillas sin poder. El plan de las Farc persiste, la parte armada destinada (sic) a cumplir un objetivo cada vez va desapareciendo. Son ahora patadas de ahogado¨.
G.K. Chesterton, célebre escritor inglés, se preguntó alguna vez qué número de muertos era necesario para considerar que había una guerra. La pregunta, en sentido más amplio, es pertinente como nunca para el caso colombiano. Aunque el actual Presidente fue elegido justamente porque la presunta guerra se iba ganando pero poco después de su elección aceptó -a diferencia de su predecesor- la existencia de conflicto, ha llegado el momento de evaluar si Colombia se encuentra en guerra.
El colapso parcial del Estado que servía a analistas foráneos para dar calificación bélica al país se ha transformado en imperio territorial del gobierno. Un punto no advertido es que la formación de cuadros de la subversión, en auge durante el episodio del Caguán, se paralizó. Es decir, colegios y universidades del secuestro y la subversión suspendieron el enganche. Las estadísticas de la Fundación País Libre en materia de secuestros son elocuentes.
Pasemos a la dimensión jurídico-internacional. Se dan áreas grises en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario escriben E. Allison y Robert K. Goldman (Crimes of War, WW Norton & Co., London, 2000). En efecto, un conflicto entre fuerzas gubernamentales y rebeldes puede regirse por tres conjuntos distintos de normatividad y el problema legal es aquí determinar cual se aplica. El tema es clasificar dentro de una difícil escala el punto exacto de la situación interna. Un extremo es la paz y otro la guerra. En qué instante se sale de una y se penetra en otra implica ponderación cuidadosa.
Si se les preguntara a los colombianos en una gran encuesta si la guerra se viene ganando una mayoría -tengo la impresión- respondería afirmativamente. El país ha entrado en una zona gris donde si bien no puede proclamarse el triunfo absoluto de la legitimidad, es dable aseverar que se abandonó la precedente zona de guerra abierta.
Y las implicaciones jurídicas son aquí fundamentales. Las Farc estarían cometiendo no crímenes de guerra sino en la tipificación -igualmente grave- de crímenes de lesa humanidad. El crimen de guerra se responde con ajusticiamiento o acto bélico. Y supone la existencia de partes en confrontación en términos más o menos equilibrados. No hay que predicar tanto ya los límites de la guerra como el ajusticiamiento público de delincuentes mayores. Es necesario capturarlos y hacerlo. Reto de inteligencia militar que evidenciaría como ninguno victoria en marcha.