Es perverso que, “por error,” a sabiendas de la equivocación, la Corte Suprema de Justicia durante más de un mes haya estado chuzando el celular del expresidente Álvaro Uribe, allegando grabaciones de conversaciones privadas como prueba de que presionaba la retractación de testigos en contra suya dentro de otras investigaciones. Cualquier ciudadano tiene derecho de averiguar sobre lo dicho en testimonio, con mayor razón si es expresión, desde la cárcel, de personas condenadas por la comisión de delitos, cuya palabra es inaceptable sin beneficio de inventario. Extraña manera de obtener señalamientos con violación del derecho a la intimidad lo cual pone al descubierto la mala utilización de avances tecnológicos, no solamente por parte funcionarios judiciales sino de empresas con licencia para espiar.
Nadie puede ser objeto de intromisiones arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia, ni de ataques a su honra ni a su reputación. Todo ciudadano debe recibir la protección de la ley contra tales ataques, el precepto forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre chuzadas y chuzadas ya no sabemos cuáles son legítimas, tendientes a avanzar en la averiguación de conductas punibles, en este caso hubo arbitrariedad.
A veces coincido con planteamientos del expresidente y en otras discrepo, no participo actualmente en política activa, ni formo parte del Centro Democrático, en contadas ocasiones me he entrevistado con él, durante su mandato o posteriormente, pero manifiesto enfáticamente como colombiano que urge aclarar plenamente lo relacionado con la interferencia, me uno a su solicitud nacional e internacional, idéntica actitud adoptaría si la violación se hubiese producido contra un dirigente de la oposición al actual gobierno.
En la era digital no se ha logrado delimitar el campo de la adquisición testimonial, ni sus alcances, es difícil encuadrar declaraciones sobre hechos que afectan a la sociedad, ellas se vuelven espectáculo, con énfasis superior cuando se convierten en noticia referente a personas involucradas en la vida pública, no solamente relacionadas con la actividad política, a la gente le agrada rumiar el escándalo.
Los magistrados, dentro del marco de la Constitución -ninguno se opone- están facultados para intervenir celulares siempre y cuando existan razones fundamentadas para ello, eso no se encuentra reglamentado bien, no obstante es inaceptable que la Corte Suprema de Justicia diga que, aún “errónea”, la interceptación a Uribe Vélez fue “hallazgo imprevisible e inevitable,” fue insensato prolongarla. Las inquietudes del expresidente expresadas en el cuestionado puyazo son normales, legítima reacción, a nadie agrada que lo enreden si se considera inocente. El uso de herramientas digitales para facilitar la administración de justicia, aplicado así, resulta preocupante y negativo.