Son tan graves las evidencias del deterioro del orden público en Colombia, que uno de sus mayores estafetas del presidente Petro, su ministro de Defensa, ha tenido que salir a los medios -con miedo de su jefe- a reconocer la pérdida del control territorial por parte de las FF.MM. Y lo hace como si se tratara de un fenómeno exógeno -propio del fragor de la confrontación- y no como lo que en realidad es: un efecto colateral del manejo deliberado del gobierno en su diabólica pretensión por desordenar el sistema democrático, fortalecer a las guerrillas y grupos armados de todos los pelambres y, de contera, desmoronar la moral y el “morral” bélico de nuestros abnegados soldados y policías.

Y frente al hecho alarmante de que las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá”, ordenara a la guardia campesina esta semana mantener secuestrados a casi un centenar de soldados en San José del Guaviare, por lo menos este ministro califica el hecho como lo que es -un secuestro- y no como un “cerco humanitario para protegerlos de la guerrilla”, como solía decir un anterior ministro del Interior, cuando ocurrían situaciones similares, en un Estado incapaz de controlar su territorio. Pero el hecho evidente es que el fenómeno se ha vuelto silvestre, como parte del paisaje del deterioro del orden público al que nos ha llevado, a las patadas, este gobierno dizque buscando la “paz total” escarbando en los pantanos de la “guerra total”.

¿Qué otra cosa podría pensarse de una guerrilla, como las Farc, que al desmovilizarse -en un pretendido proceso de paz con Santos- tenía cerca de 13 mil efectivos, pero que ahora -en tiempos “gloriosos” del posconflicto- entre disidencias y nuevos incorporados llegan a 6.700 hombres armados, casi la mitad de aquellos -faltando datos de otros municipios- y qué más podría pensarse al saberse que cerca de 17.600 sujetos, repartidos entre cuatro guerrilleradas y 23 bandas criminales, siguen “trabajando en jornada plena”, sin capataz que los moleste, a lo largo y ancho del territorio nacional?

Pareciera que lo que pretende el gobierno, con su actitud omisiva -teniendo, a la luz de nuestro ordenamiento penal, el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción penalmente típica, sin hacerlo- y lo que está propiciando, por el contrario, es la desmembración del país en pedazos de territorio como en el Cauca, Valle, Nariño, Arauca, Guaviare… donde los soldados regulares no están “autorizados” (por la autoridad delincuencial) para patrullar el territorio y si lo hacen son asesinados o secuestrados por inéditas cuadrillas de campesinos o indígenas ad-hoc, o por los mismos grupos armados ilegales “en persona”. Es lo más parecido a la “balcanización” del país en que nos ha metido el “gobierno del cambio” sin que lo imaginaran quienes por él votaron.

Post-it. Y con respecto a Venezuela, nuestro presidente anda haciendo malabarismos conceptuales para no agarrarse de las mechas con el dictador Maduro, por un lado, “dueño” de parte de nuestra “paz total”, por lo menos en lo que tiene que ver con el Eln y las disidencias de las Farc y, por el otro, para no quedar mal con el mundo democrático y civilizado (léase el distinto a Rusia, China, Cuba y Nicaragua) que no se aguanta el robo a mano armada de las elecciones del 28 de julio, en que la oposición venezolana, en cabeza de Edmundo y Corina, pulverizó al tirano.