El balance que va a dejar este gobierno en materia de política agraria es decepcionante. Y es una lástima, pues a pesar del entusiasmo inicial se malogró la ocasión irrepetible de haber dejado una política agraria ambiciosa que hubiera podido modernizar las relaciones en el sector rural colombiano.

¿Porque digo esto? Hace poco se cumplieron cinco años de haber sido suscrito en La Habana el acuerdo No. 1 que con optimismo se tituló: “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”.

Ahora bien: cuando el gobierno Santos está a pocas semanas de concluir ¿Qué balance puede hacerse de la ejecución de este punto No. 1 de los acuerdos de La Habana? En realidad, hay que constatar que los resultados son muy pobres.

Los grandes compromisos agrarios eran, entre otros, los siguientes: distribuir entre los campesinos sin tierras o con tierras insuficientes 3 millones de hectáreas; en un país cuya ruralidad se caracteriza por la informalidad, entregar debidamente escriturados predios en un área equivalente a 7 millones de hectáreas; modernizar el catastro nacional con lo que se conoce como catastro “multipropósito”; actualizar la legislación y dotar de los presupuestos necesarios para iniciar un gran programa de riego y adecuación de tierras en las zonas rurales; y por último adecuar la institucionalidad del país para que en lo rural, se pudieran enfrentar los grandes retos que el postconflicto plantea.

Infortunadamente el balance de lo que se ha podido avanzar en estos propósitos es muy pobre. Estos últimos años se caracterizaron por un permanente ir y venir legislativo que hasta la fecha no ha concluido en nada. Y por el interés de quererle dar gusto a todo el mundo, lo que siempre termina en frustración. Se informa que está lista una ley de tierras que no ha podido ser presentada ni siquiera a consideración del Congreso porque las consultas previas requeridas no han concluido, y un decreto ley, de gran importancia también, se encuentra tambaleante a consideración de la corte constitucional.

La política agraria de gran aliento que quedó diseñada en el acuerdo No. 1 de La Habana a pesar de algunos esfuerzos aislados e insuficientes, no ha podido tomar vuelo. Y ya han pasado los primeros cinco años desde cuando se suscribió en 2013 el acuerdo No. 1, tiempo durante el cual hubiera debido tomar el momentum y la dinámica que tan trascendental política pública merecía.

El nuevo gobierno recibirá estos empeños en un estado cataléptico frente a lo cual, revivirlos y volverles a dar aliento, será una tarea ciclópea. Tanto más cuando las fuerzas políticas retardatarias están alineadas para evitar cualquier avance.

Quizás lo único rescatable en política agraria que como legado deja el gobierno Santos es la restitución de tierras que, esa sí, contra viento y marea, y contra las voces enemigas que no querían, primero dejarla nacer, y luego que se empezara a aplicar, muestra unos resultados admirables. A la hora actual se han restituido a los legítimos propietarios a los cuales se les despojó a sangre y fuego más de 300 mil hectáreas. Y hay demandas a consideración de los jueces agrarios por otras 700 mil hectáreas.

La ley de tierras ha tenido un penoso proceso, pues ni siquiera se ha presentado oficialmente al Congreso. Esa ley que desarrolla el acuerdo No. 1 de La Habana, ha caído en las arenas movedizas de las interminables consultas previas que tienen paralizada la aplicación de las políticas públicas en Colombia. Los datos hablan por sí solos. Consultas previas en curso: Perú, 28; Chile, 36; Bolivia, 40 y Colombia 4.496, una de las cuales tiene paralizada la presentación de la ley agraria en el Congreso.

¿Qué va a hacer el nuevo gobierno? ¿Se dejará mangonear por los intereses creados que quieren que las cosas sigan como van, es decir, que no se haga nada? ¿O por el contrario retomará la obra negra que encuentra para construir desde allí el gran edificio de la modernidad, de la equidad y de la productividad en las zonas rurales colombianas?

La respuesta a estos interrogantes la tendremos muy pronto.