Al observar la disputa entre el presidente de la República y el alcalde de Bogotá ocasionada por el proyecto de resolución para lineamientos ambientales que compromete varios municipios de la sabana de Bogotá, impidiendo realizar los destinos de la tierra consignados en los POT aprobados por los Concejos municipales; extendiendo la zona de humedales; comprometiendo además, la ampliación futura de vías y desarrollos habitacionales, amén de la afectación de propiedades actuales que pasan a encontrarse en zona de humedal con su consecuente desvalorización, todo so pretexto de conservar el agua;  sin duda, en el fondo se produce una tensión, entre la autonomía regional y la centralización administrativa gubernamental.

Pero allí no termina el conflicto; el mismo choque se presenta entre el Gobernador de Antioquia y el Gobierno nacional a consecuencia de la APPA, zona de reserva alimentaria, decretada para el suroeste antioqueño por la administración Petro, donde desde el centro en la capital, se toman las decisiones sobre la vocación futura de dichas tierras, dando una patada a la autonomía regional para tomar decisiones sobre su propio futuro. Los POT, locales y regionales, ya son cosa del pasado, pasaron a ser normatividades de segundo orden, sometidas a las prescripciones de carácter nacional, que priman sobre ellas.

En este mismo orden de ideas no se queda atrás la discusión nacional sobre las participaciones en el presupuesto, reclamadas por todas las regiones que claman por que se dé cumplimiento a la descentralización administrativa pregonada en la Constitución nacional, en el porcentaje esperado y que viene siendo aplazado desde hace varios lustros. El reclamo regional ha llevado al punto de la promoción de un referendo que haga realidad ese anhelo nacional para que las regiones puedan ser las protagonistas de su propio destino, rechazando los raídos argumentos de incompetencia, corrupción o despilfarro, que siempre se esgrimen para evitar el aumento de las participaciones presupuestales regionales; ahora con la nueva amenaza de abrir un boquete fiscal insubsanable.

En nada hemos avanzado en esta discusión sobre el centro y las regiones; que se encuentra en vilo desde las épocas coloniales, pasó a la república decimonónica y persiste en la actualidad. Una Santa Fe andina empeñada en regir los destinos de regiones tan disimiles como la costa Caribe, Antioquia o el Pacifico; discusiones que nos han mantenido en la guerra y que nuevamente reviven ante un Gobierno que se tilda de progresista, pero que insiste en estatizarlo todo y manejarlo desde el centro.

El “progresismo” no comienza con el actual Gobierno; si queremos ver “progresismo”, habría que mirar en la historia lo que fue el gobierno de López Pumarejo y la misma reforma constitucional del año 1936.  Nos encontramos en el mismo circulo desde hace quinientos años y en las mismas tensiones de quienes ambicionan controlarlo todo y quienes claman por su autonomía.