“El 80 por ciento de la minería es ilegal”

Durante varios años, al inicio de cada legislatura de la Comisión Quinta del Senado, pronostiqué que terminaríamos sesiones y no tendríamos ni nuevo Código de Minas, ni Ley de Desarrollo Rural, ni reforma a las Corporaciones Autónomas. Infortunadamente dicho vaticinio se cumplió religiosamente año tras año ¿La razón? Sencilla. Esas tres materias tienen un factor denominador común. Las tres requieren de algo para su aprobación: consulta previa.

Ello como consecuencia de haber suscrito el acuerdo 169 de la OIT.

Siendo las tres materias muy importantes, quizás en donde más se siente no tener una legislación codificada, moderna y actualizada es en el sector de la minería.

Buena parte de los gravísimos problemas, como la minería ilegal y la inseguridad jurídica, son consecuencia de la desidia con que el gobierno anterior tuvo al sector minero, no obstante anunciarlo como una de sus locomotoras.

Es menester recordar, que hace 8 años se alcanzó a expedir la Ley 1382, mediante la cual se aprobaba un nuevo Código de Minas, el que habiendo sido demandado ante la Corte Constitucional, fue declarado inexequible mediante sentencia C366 de 2011, por no haberse llevado a cabo la consulta previa .

De ahí en adelante el Gobierno se dedicó a suplir vacíos jurídicos, cual colcha de retazos, a punta de decretos.

Varios fueron nuestros llamados desde el Congreso para que el Gobierno asumiera su responsabilidad de presentar nuevamente un proyecto de ley de Código Minero, pues bien sabido es que esa es una facultad en cabeza del Ejecutivo Nacional.

Varios ministros del Interior fueron convocados a la Comisión Quinta del Senado para responder por la omisión en su presentación.

En particular recuerdo el debate en el que cité, el 10 de octubre de 2012, al ministro del Interior, doctor Fernando Carrillo, hoy Procurador General de la Nación, quien llevaba sólo unas semanas a la cabeza de esa cartera.

Revisando las actas de dicha sesión, se observa las dificultades para explicar por qué sus antecesores no habían podido sacar adelante dichas reformas legislativas. Atinó a decir que ya habían comenzado, en coordinación con el Ministerio de Minas, consultas con algunas comunidades indígenas y de negritudes, y que en líneas generales el Gobierno estaba trabajando en un proyecto de ley para el desarrollo de las consultas previas en el país.

Infortunadamente al día de hoy, ocho años después, no hay nada de lo uno ni de lo otro.

Mientras tanto, el panorama no puede ser más desolador. El país pierde billones de pesos, pues se calcula que más del 80 por ciento de la minería es ilegal. Todos los días los medios de comunicación dan cuenta de los desastres ambientales en ríos, reservas forestales, en santuarios de fauna y flora, causados por la minería criminal.

Las guerrillas se vienen adueñando a sangre y fuego de nuestros recursos naturales en buena parte del país. El reciente homicidio de tres geólogos da cuenta del desafío que la criminalidad le plantea al Estado colombiano.

En el otro lado de la moneda, quienes optan por la minería legal, quienes pagan impuestos y cumplen con la normatividad ambiental, se encuentran a un Estado bravucón, dispuesto a aplicarles “todo el peso de la ley”.

Aquí el mensaje que queda es: si usted es ilegal no paga impuestos, no le rinde cuentas a nadie y hace lo que le viene en gana. Pero si es legal… ‘la lleva’.

Ojalá las nuevas ministras Nancy Patricia Gutiérrez y María Fernanda Suárez tomen el toro por los cachos, y le presenten al país el anhelado nuevo Código de Minas.

¡Ah! Les recuerdo, por si acaso: la ley pendiente para desarrollar las consultas previas, requiere, vea la paradoja, de una consulta previa.

En buena hora la nueva Corte Constitucional corrigió la gran equivocación cometida por sus miembros anteriores, en relación con las consultas populares.

En cuanto a las consultas previas, parece que la llave se encuentra en el fondo del mar.