Antes de leer el Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos coloqué en la lupa de búsqueda la palabra “narcotráfico”, solo para constatar su falta de “sentido de realidad” y de objetividad.

Apenas en dos ocasiones alude marginalmente a que las violaciones de derechos y, específicamente, los asesinatos de defensores, que la ONU adjudica a “presencia insuficiente del Estado”, ocurren en municipios con economías ilícitas (96%) y donde existen “enclaves de producción de coca”, identificados por su oficina contra la Droga y el Delito.

Vaya arrogancia. La ONU descubre el agua tibia sobre la causa de la violencia, pero “pasa por encima” y no hay una sola palabra en sus recomendaciones sobre erradicación del narcotráfico. Tampoco es descubrimiento identificar los municipios cocaleros; Colombia los conoce porque en ellos pone los muertos del narcotráfico, desde que Santos, por exigencia de las Farc, de Maduro en Venezuela y Correa en Ecuador, dejó el país infestado de coca.

Indignante la distinción entre “grupos criminales” y “grupos armados no estatales”, que incluyen a las disidencias y al Eln. Así que, para la ONU, las disidencias y los elenos ¡no son criminales!, sino “armados” para una revolución que parece justificar; una concepción que explica la presión para dialogar con los narcoterroristas que, además de su alianza con Maduro y su plan pistola contra la Policía, asesinaron a 22 jóvenes en 2019, pero aun así la ONU no los considera un “grupo criminal”.

Exhorta a redoblar esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz, como si el Gobierno no lo estuviera haciendo y como si la pandemia no se hubiera tragado los recursos disponibles. 

Pero hay más: insta al Estado a establecer presencia fuerte para contener la violencia y prevenir el control territorial por grupos armados no estatales y grupos criminales; pero no lo “insta” a perseguir al narcotráfico. 

Urge a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad a adoptar una política de desmantelamiento de organizaciones criminales, como si el Gobierno no la tuviera y tampoco tuviéramos Fiscalía.

Urge a los “grupos armados no estatales” a respetar el Derecho Internacional Humanitario, pero no “insta” al Estado a desmantelarlos. Una vez más, legitima la “lucha armada” de estos narcoterroristas y, frente a ellos, simplemente “valora positivamente cualquier negociación…”.

Llama al Estado a responder a las manifestaciones pacíficas con estándares internacionales, pero olvida que las manifestaciones en que el Estado responde no son “pacíficas”, sino infiltradas por vándalos pagados por oscuros y no tan oscuros intereses políticos.

Insiste en garantizar a indígenas y afrodescendientes autonomía y derecho al territorio, pero no menciona las inmensas extensiones que ya poseen, y no los “insta” a abandonar la violencia contra propietarios legítimos y la Fuerza Pública.

Urge al Estado a preservar el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero no a las Farc a decir la verdad, devolver bienes y reparar efectivamente. Para la ONU, esa paz que no hemos visto justifica la más aberrante impunidad.

Insta al Ministerio de Defensa a castigar la violencia sexual en la Fuerza Pública, pero guarda silencio frente a las aberraciones impunes de las Farc. 

Urge al Estado, insta a todo el mundo, se mete en todo, quiere cogobernar, mientras pasa la costosa factura que pagamos todos los colombianos. Pero Colombia no es una republiqueta, sino un país digno y soberano. Por ello, respetuosamente, “insto” al Gobierno a “pararle el macho” a los burócratas internacionales de una organización miope que perdió su norte.

¡Ah!, se me olvidaba; para terminar, la ONU “invita” al Estado a ratificar el Acuerdo de Escazú.

@jflafaurie