El pasado 7 de agosto, los medios de comunicación y los analistas realizaron un balance de la mitad del período de Gustavo Petro en el poder, cada uno desde sus propias perspectivas. La mayoría coincidió en un diagnóstico desfavorable, incluso los más indulgentes señalaron un saldo en rojo, un evidente desgobierno. Si se mide el balance por la calificación de Petro en las encuestas, los resultados corroboran esta percepción. 

En medio de tantas preocupaciones que han dejado estos dos años, que parecen diez, es fundamental enfocarse en una cuestión prioritaria. Durante su discurso de posesión, Petro delineó su estrategia de paz, afirmando: "necesitamos dialogar, dialogar mucho (...) producir cambios". Y, efectivamente, en noviembre de 2022 sancionó la Ley 2272, que estableció su política de "Paz Total", priorizando el inicio de diálogos con el Eln, las Farc y otras bandas criminales. A la fecha, Petro ha abierto "mesas de diálogo" con 12 organizaciones narcoterroristas. 

Sin embargo, mientras el gobierno dialoga y dialoga, la violencia en los territorios se intensifica. Masacres, asesinatos selectivos, secuestros, extorsiones y reclutamientos mantienen a los colombianos bajo constante amenaza. Según Indepaz, en 2023 se registraron 94 masacres, y fueron asesinados 189 líderes sociales y 42 firmantes de paz; en lo que va de 2024, se han producido 15 masacres, y han sido asesinados 80 líderes y 9 firmantes de paz. La extorsión, por su parte, se ha disparado en todo el territorio nacional. 

Más allá de los resultados de estas mesas, que hasta ahora son nulos, existe una preocupación mayor. La primera condición impuesta por los grupos criminales para sentarse a dialogar es el levantamiento de las órdenes de captura contra sus cabecillas. Hasta la fecha, cerca de 200 delincuentes han sido liberados gracias a este mecanismo, lo cual es indudablemente peligroso para la nación, pues están aprovechando este privilegio para continuar delinquiendo. En otras palabras, estos criminales operan con total impunidad, sin mostrar el menor interés en que los diálogos avancen. 

Ahora, Petro, desenfrenado, ha anunciado la apertura de nuevas "mesas" con los grupos criminales "Clan del Golfo", “Los Pachenca” y las “Autodefensas de la Sierra Nevada”, los narcotraficantes más sanguinarios que, bajo ninguna circunstancia, deberían ser reconocidos como actores políticos. No obstante, esto no parece importarle a Petro. Tras estos anuncios, se encuentran las solicitudes para liberar a sus cabecillas de la justicia, incluyendo la suspensión de las 57 órdenes de captura contra alias "Chiquito Malo". 

Es previsible que la fiscal Camargo, quien debería oponerse, acceda complacientemente a las demandas de Petro, levantando estas órdenes de captura y dejando las manos libres a los narcotraficantes para seguir asesinando y enviando droga a Estados Unidos. Es ilusorio pensar que se repetirá la firme postura del exfiscal Barbosa, quien en su momento negó la solicitud de Petro para suspender las órdenes de captura contra 16 cabecillas del "Clan del Golfo" y "Los Pachenca". 

La situación es alarmante. Con el antecedente de que Juan Manuel Santos obtuvo el Nobel de Paz sin lograr la paz, la "paz total" de Petro parece ser otra estrategia política, y muy peligrosa. Aquellos criminales a quienes se les suspenden "temporalmente" las órdenes de captura podrían convertirse en "colectivos paramilitares" que, sumados a la "primera línea", podrían desestabilizar la democracia en Colombia con actos violentos. Tal como ha ocurrido con los "colectivos chavistas" en Venezuela. No perdamos de vista que Maduro afirmó que Petro es su consejero.

@ernestomaciast