Las protestas en el Cauca han sido de todo menos pacíficas, ya se completan dos semanas de bloqueos en la Autopista Panamericana, lo que ha generado millonarias pérdidas para los departamentos del sur del país. La violencia y el vandalismo han caracterizado la protesta, ya van 10 muertos, un policía cobardemente asesinado y 9 indígenas murieron mientras manipulaban explosivos. Han incinerado vehículos, destruido tramos de la vía, han derribado muros de contención que evitan los derrumbes y han secuestrado soldados como mecanismo de presión para negociar. Los indígenas están cruzando unos límites inaceptables y el Gobierno no puede ceder ante la violencia y las vías de hecho.

Desde el Acuerdo de Rio Blanco en 1986, los gobiernos, año tras año, han ido asumiendo obligaciones imposibles de cumplir. Las organizaciones sociales hablan de 216 acuerdos firmados a la fecha. A cada gobierno tratan de sacarle un poco más, desde el año 86, la Panamericana ha sufrido 64 bloqueos, la presión y las vías de hecho son la forma en la que los indígenas reclaman sus derechos pero también privilegios que les son negados a todos los demás.

En las negociaciones con los indígenas históricamente han excluido a los demás caucanos, generando graves perjuicios a los sectores productivos y condiciones de desigualdad para los campesinos que no hacen parte de las organizaciones sociales. Las pérdidas directas, en 13 días de bloqueos, ya superan los 22 mil millones de pesos.

El departamento del Cauca tiene 1.200.000 habitantes, de los cuales unos 220.000 son indígenas. A pesar de no ser ni el 20% de la población del departamento, son los grandes propietarios de la tierra. El Cauca tiene cerca de 3 millones de hectáreas, de las cuales 1.8 millones son bosques y 1.2 frontera agropecuaria, más de 720.000 hectáreas son de los indígenas.

Históricamente, el Gobierno siempre se compromete con la no judicialización de los líderes y participantes de la Minga que han incurrido en hechos delictivos como obstrucción de vía pública, daño en bien ajeno, concierto para delinquir, etc. Lo cual es un mal precedente, pues siempre exoneran de su responsabilidad penal a quienes son los protagonistas de la violencia y los desames, se sienten en libertad de delinquir sin consecuencias y no se generan antecedentes que le permitan a las autoridades judicializarlos cuando cometen excesos.

El Gobierno no puede negociar con las organizaciones sociales mientras mantengan las vías de hecho, deben crearse mesas técnicas con participación de los gremios, donde cada sector pueda plantear sus necesidades y problemáticas, para encontrar soluciones de manera articulada. Los acuerdos deben ser públicos, para que haya trazabilidad, que sean obligaciones que se puedan cumplir por las partes. Tiene que haber un mecanismo de seguimiento para verificar su cumplimiento.

Así mismo, deben reconocerse a las comunidades que han facilitado el diálogo y la apertura de la vía alterna, fundamental en el abastecimiento de la ciudad de Popayán y en la interconexión de los tres departamentos del sur del país que se han visto afectados por los bloqueos.

Criminales infiltrados en las protestas como los de las Farc y políticos oportunistas como Petro, están dispuestos a incendiar el país para generar inestabilidad social y política. No les importan las consecuencias, ni los muertos, ni los miles de empleos que se pierden, ni las empresas que se cierren, solo buscan el fracaso del Gobierno y de paso el del país. Ellos solo saben ganar a costa del fracaso del otro.

@SamuelHoyosM