Nos faltaba tan poco por ver en este gobierno, que es realmente macondiano, todo lo que ha suscitado la llegada de Armando Benedetti como jefe de Despacho de la Presidencia, después de numerosas investigaciones en la Cancillería por violar las normas internas estando como embajador en Venezuela y la FAO, sede Italia y por un escándalo de violencia familiar en España.
Pero comencemos por las investigaciones que tiene abiertas en el país, esperando que la Fiscalía actúe en algunas de ellas, rompiendo el mutismo que la caracteriza.
Veamos cronológicamente los hechos:
En el 2018, hubo un sonado caso sobre unas chuzadas telefónicas hechas al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez y al abogado Jaime Lombana. El coronel Humberto Salinas afirmó que Benedetti contrató una red de interceptación de comunicaciones y que supuestamente había chuzado durante un mes a estos dos personajes. Su costo fue de $ 40 millones, que fueron pagados en efectivo. El proceso estaba en la Corte Suprema de Justicia, pero por competencia, al no ser aforado, paso a la Fiscalía y allí vive el sueño eterno.
En el 2012, en Córdoba hubo un escándalo por parte de unos profesores que utilizaban datos falsos para obtener pensiones vitalicias, que le costaron al departamento $ 350.000 millones. Según los testigos se usaba el nombre de la entonces ministra de educación Vélez, pero el que estaba detrás de la operación era Armando Benedetti, quien supuestamente se apropió de $ 13.000 millones. El caso se cerró porque uno de los testigos murió y el otro no quiso negociar.
En el 2021, la Corte Suprema de Justicia llamo a Benedetti para que explicará el aumento de su patrimonio personal en $ 3.000 millones. Al dejar de ser aforado en el 2022 por no ser senador, la investigación paso a la Fiscalía e inexplicablemente el fiscal Gabriel Jaimes la ordenó cerrar el 15 de mayo del 2023 sin decretar más pruebas. Por estas razones hoy una de las magistradas que llevaba el caso en la Corte está acusando al fiscal del caso.
En marzo del 2023 la Corte de Justicia le remitió a la Fiscalía un nuevo hecho en Fonade, ya que este organismo había direccionado un contrato de más de $1.000 millones a una empresa llamada Certicámaras S.A. para hacer labores de bodega y archivo. La exasesora de Benedetti, Nubia Pinzón, sirvió de intermediaria para que les dieran el contrato. La Corte descubrió, además, que durante 11 años Benedetti le transfirió a ella alrededor de $ 1.100 millones. Este proceso está en la Fiscalía y no ha pasado nada.
Políticamente, su trayectoria depende de quien tiene el poder real. Primero, estuvo con el Partido Liberal y llegó al Concejo de la mano de Vargas Lleras, eligiéndose por este partido en el 1997. Tras pasar una ley de trasfuguismo en 2003, sin sonrojarse se fue al Partido de U, lo mismo que hizo Roy Barreras. Allí ayudó a la reelección de Uribe, recogiendo firmas. En el 2014 dio un salto olímpico y pasó al santismo, apoyando el proceso de paz, de Juan Manuel Santos, afirmando posteriormente que él no merecía el premio Nobel. Cuando llegó Duque a la presidencia, le declaró la oposición.
En el 2021, sin ningún prurito, se fue hacer campaña con Petro, logrando meterse con su astucia al círculo más cercano de ese candidato. Le ayudó a montar su campaña en la costa con Nicolás Petro, coordinando su agenda y convirtiéndose en persona indispensable. Cuando Semana destapó el escándalo de los $15.000 millones, comenzó el recelo de la pura sangre del Pacto Histórico, lo que originó hace días la crisis ministerial.
Es conocido por su amistad con diferentes clanes políticos como el de Villalba, cuya alcaldesa en Puerto Colombia fue acusada de corrupción. Se afirma su cercanía al clan Jattin en Córdoba, quienes le pusieron 3.000 votos al Senado en Lorica. Lo mismo al clan Montes de Oca de Cartagena, de Musa Besaile y del “Noño” Elías. Los 700.000 votos que le dieron la victoria a Petro se afirman salieron de allí. Ustedes, juzguen su trayectoria.