La institucionalidad del país encara el reto más importante de los últimos tiempos frente a la crisis provocada por el Covid-19, debiendo alcanzar sus más altos índices de eficiencia y emprendimiento.
Es el momento de acoplar su estructura, sus competencias y procedimientos; su presupuesto y disponibilidad de caja.
Contrasta esta insoslayable realidad, con la rigurosa pero necesaria cuarentena para evitar que se extienda la enfermedad, incluidos obviamente, quienes forman parte de las mismas instituciones en el desarrollo de sus obligaciones.
Es el caso de los médicos y del personal de la salud; como de todos aquellos que proveen las condiciones para llevar a cabo sus actividades como los gobernantes, gerentes y personal técnico y administrativo, que le dan el soporte a la función pública, al sector productivo, a la economía y en general a la sociedad.
Fundamental, también para una democracia, el desempeño de sus tres poderes públicos.
Es el caso del Congreso de la República, que debió comenzar sesiones el pasado el 16 de marzo, luego de más de 100 días de inactividad, para no hablar del receso también del aparato judicial.
Y si bien es cierto, los presidentes de Senado y Cámara ordenaron reanudación de sesiones el 13 de abril, la posibilidad de contagio del Covid-19 aún persiste. Entonces, se pretende trabajar virtualmente, lo cual superará las " sólo dos horas" de contratación de ingenieros de sistemas y exigirá de la dotación de equipos, software y demás requisitos que garanticen su operatividad. Entre otras cosas, de la modificación de la misma Ley 5° de 1992 que reglamenta el funcionamiento del Congreso y que no lo prevé.
Un decreto recién expedido por la Presidencia de la República, con las facultades que le otorga la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, ayuda a resolver provisionalmente ese impase, como se espera sucede con más de 30 decretos expedidos por el Gobierno en estas últimas dos semanas, para gestionar y ejecutar recursos por la vía rápida.
Sesiones "mixtas", propuso la ministra del Interior Alicia Arango, célebre ya por sus coloquiales opiniones, queriendo decir supuestamente, "a veces virtual y a veces presencial".
Pero no sólo es el Congreso, también las Asambleas y los Concejos deben tomar decisiones y pronto, en sus respectivas jurisdicciones.
Es indispensable revisar los Planes de Desarrollo Nacional, Departamentales, Distritales y Municipales para ajustarlos armonizarlos y articularlos entre sí. Igualmente, deben reasignarse partidas y redireccionarse recursos.
Ya habíamos comentado que el Gobierno Nacional por medio del Decreto 444/2020 echó mano de los dineros que pertenecen a los departamentos y municipios, siendo lo más adecuado pensar más bien, en modificar la ley 617 de 2000, no para quitarles recursos y funciones sino para facilitar su aplicación, dado que cada región vive su propia tragedia y sus mandatarios necesitan atenderla de primera mano, sin más dilaciones burocráticas.
Importante gestionar dotación de clínicas y hospitales; agilizar laboratorios con fines de diagnóstico.
Desde Bogotá se pierde objetividad, experiencia y se sacrifica agilidad, oportunidad y emprendimiento.