La jurisdicción universal

 

La  Corte Penal Internacional (CPI) nació, a raíz de la brutalidad de la II Guerra Mundial, del deseo de que el genocidio y los crímenes contra la humanidad, de guerra y de agresión, todos ellos de enorme gravedad, no quedaran impunes. 

La CPI es un complemento a los sistemas jurídicos existentes de los países que hayan adherido al Tratado de Roma, con una excepción: se le dio jurisdicción, aunque los acusados no sean ciudadanos de un país adherente o el crimen no se haya cometido en uno de estos, cuando la situación le haya sido confiada por el Consejo de seguridad. Es un caso en el que un tribunal ejercita la llamada jurisdicción universal a la que muchos países son opuestos, por ejemplo, los Estados Unidos, Rusia, India, China y otros no aceptan la competencia de la CPI por no querer aceptar esta injerencia. 

Naturalmente, como existe la tendencia a incrementar los poderes que se tienen y a ello no son extraños quienes ejercen facultades judiciales, el Fiscal de la CPI ha querido convertirse también en fiscal del mundo. Henry Kissinger dijo sobre este cargo que en la práctica tenía facultades ilimitadas. Recordamos que en 2008 este fiscal vino a Colombia y conminó a nuestro gobierno a que le explicara cómo juzgaría a los imputados por crímenes de guerra y contra la humanidad, incluyendo a políticos presuntamente vinculados con ellos, aunque estos últimos no fueran acusados de los delitos competencia de la CPI (financiamiento no es delito de lesa humanidad), y cuestionó la extradición de los paramilitares a EE.UU. Afirmó que el presidente Uribe “se había comprometido” con él (como si el Presidente de un Estado debiera comprometerse con el fiscal de la CPI) a incluir ciertas disposiciones en el acuerdo de extradición y agregó: “El Presidente me garantizó que ese es el acuerdo, y vamos a ver cómo ese tema se implementa”. Colombia es hoy día objeto de un “examen preliminar” entablado a iniciativa de este fiscal. De paso, el presidente Santos, para congraciarse con él, le aceptó recibir aquí, como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, a su protegido, Baltasar Garzón, cuando no pudo mantenerlo más en la CPI, donde lo había asilado después de que los tribunales españoles lo suspendieran de sus funciones como juez mientras se le define la situación en dos procesos. 

Pues bien, el nuevo Gobierno de Libia, donde el fiscal quiso entremeterse exigiéndole que le entregara al hijo de Gadafi para procesarlo él, le recordó que su competencia era subsidiaria y que serían los libios quienes lo juzgarían. Tuvo que aceptarlo, aunque ahora reclama que en el juicio participen jueces de la CPI. Afortunadamente este fiscal termina su período y en diciembre se debe designar su sucesor. Nada peor que los jueces, nacionales o extranjeros, que quieren convertirse en dictadores.