Cursa en el Congreso una propuesta legislativa para garantizar internet gratuito. Tan loable propósito va a producir el efecto contrario, desestimulando las inversiones en Colombia, impidiendo la ampliación de la red, dejando sin cobertura, incluso a quienes están en capacidad de pagar por ella. El cierre la brecha digital es un propósito nacional, y aunque falta mucho, los avances son evidentes, Colombia tiene más de 27 millones de conexiones a internet. Gracias a la subasta del espectro, más de 3600 centros poblados gozarán de conectividad, con inversiones que significarán para el país más de 6 billones de pesos.

Hoy, los hogares de estratos 1 y 2 reciben beneficios del Estado para acceder a internet fijo, mediante la exención del pago del IVA, beneficio que debería ampliarse al Estrato 3. Así mismo, los planes de telefonía móvil por debajo de 2 uvts -71.000 pesos mensuales aproximadamente-, están exentos del pago de IVA durante el periodo de emergencia, beneficio que debería volverse permanente. Esos son estímulos concretos y bien focalizados que facilitan el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

Pero obligar a un privado a dar subsidios, en la práctica es una expropiación. Conlleva a que las empresas no presten el servicio, en la medida en que deja de ser rentable, o las obliga a transferir ese costo a otros usuarios. En el caso de Colombia, los impuestos sobre los servicios de telecomunicaciones, significan más del 30% del costo final para el usuario, una carga impositiva mucho más alta que la de otros países de la región y la OCDE, situación que hace inviable trasladarles el valor del subsidio a quienes pagan por sus servicios. Así mismo, el retorno de la inversión para las empresas por usuario, es el más bajo entre esos países, razón por la cual no se puede pretender que sean ellas las que asuman el costo.

Si queremos cerrar la brecha digital no podemos impedir la inversión del sector privado, obligarlos a regalar su servicio, desestimularía las inversiones en nuestro país, que en el 2019, significaron más de 4 billones de pesos. Para ampliar la conectividad de los colombianos, debemos empezar por remover cargas fiscales y regulatorias excesivas para la industria y los usuarios; estimular las inversiones, eliminar aranceles a componentes necesarios para el despliegue de infraestructura.

Los mandatarios regionales deben entender la necesidad de llevar señal a sus departamentos y municipios, ajustando sus planes de ordenamiento territorial a las necesidades del siglo XXI.
No podemos caer en las vías del populismo, que son la receta asegurada para el fracaso. Lo regalado sale caro.