La democracia colombiana parece atravesar por campos minados que la tornan una de las más frágiles de nuestra región. Las dudas y denuncias sobre fraude y dineros que circulan clandestinamente para favorecer a Gustavo Petro, derivan en la descalificación, por cuenta del actual gobierno, del Concejo Nacional Electoral. Institución que lo investiga y ha descubierto parte del engranaje multimillonario que operó para burlarse de los topes que establece la ley y comprar votos.

El Ejecutivo, al desafiar a los magistrados que lo investigan por el manejo abusivo de los fondos privados y públicos para manipular las elecciones en las que salió electo, transgrede la ley y se burla del sistema democrático. Por si fuera poco, desde los altos mandos del gobierno se pretende bajar el presupuesto de esa institución electoral y de la Registraduría, so pretexto de hacer economía por las aulagas presupuestales que sufre el sistema, sobra decir que por culpa del mismo gobierno, el que también atenta contra Ecopetrol, la primera empresa del país que genera los dividendos para financiar varios entes del Estado.

Lo evidente es que se busca dar una serie de golpes bajos al sistema electoral en su parte administrativa, así como desprestigiar a sus magistrados y la institución. Si el proceso electoral no funciona bien en el país, la democracia sufre un golpe mortal, puesto que la misma descansa en la libertad y pureza del sufragio de millones de colombianos, el respeto al sistema constitucional y la división de poderes. Sin contar los procesos que avanzan contra varios agentes del pretismo que impulsaron su candidatura y que transgredieron la ley.

No quiere decir que el sistema electoral colombiano sea perfecto, ni mucho menos. Nuestra democracia se sustenta en algunos pilares de barro, que minan el sistema electoral y obligan a los candidatos a gastar miles de millones. Dado que no de otra manera los senadores pueden financiar una suerte de mini campañas presidenciales. Así que los candidatos que aspiran al Senado recorren el país repartiendo dinero a manos llenas lo que implica numerosos y cuantiosos gastos y vuelos de un lado a otro, compra o alquiler de vehículos blindados o escoltas, pago de hoteles y de bebidas y comida. Se necesitan guardaespaldas y se contratan encuestas por lo general amañadas a su favor, con la finalidad de impulsar sus candidaturas; más de medio país está en poder de subversivos o de elementos armados que se adueñan del territorio, fuera de la exclusión de las Fuerzas Armadas en esas zonas convulsas, los aspirantes a ser candidatos deben pagar peaje y jugarse la vida. A veces la violencia obliga a alquilar helicópteros o claudicar. Y si es de los que negocian con los caciques los votos locales, rueda el dinero a montones, con la duda de si cumplirán con lo pactado, pues algunos de ellos se venden a distintos postores y tienen montada la feria de compra y venta de votos. Sin contar la contratación corrupta y malos manejos con alcaldes y gobernadores

Y tan escandalosa degradación de principios que es archiconocida por los diversos partidos y agentes de opinión, es apenas una pequeña parte del drama. Cuando se va al Senado también se pacta en algunos casos con los violentos, puesto que de su éxito depende a posteriori con cuanto llenan las alforjas o las bolsas plásticas de los dineros mal habidos de la contratación pública. Es cuando se produce un circuito cerrado de contratos e iniquidades departamentales y regionales que consigue de alguna manera en el país, con raras excepciones, que salgan elegidos los peores candidatos. Por esa vía se ha degradado el Congreso, descontando algunas valiosas figuras. No faltan candidatos que intercambian votos en las narices de la Registraduría en medio del conteo apresurado de sufragios.

Ese sistema apestoso que apenas describimos por encima, lo maneja el Régimen que denunciara el estadista Álvaro Gómez, en el cual vivimos y que en gran medida mina las bases mismas de la democracia. Para colmo. las regiones más atrasadas y ricas en minerales, con población mayoritaria desnutrida y hambrienta, les niegan el derecho de elegir senadores que defiendan y luchen por sus intereses.