A riesgo de granjearme la animadversión y los insultos de algunos profesionales del derecho, no muchos por fortuna, porque quienes se den por aludidos seguramente no van a ser todos, pues tratándose de cuestionar su idoneidad y su honorabilidad mal haríamos en generalizar.

Los hay buenos y honorables, pero igualmente los hay ineptos, por cantidades, perezosos, ventajosos, de mala fe, deshonestos, vividores, y hasta abusivos con su cliente al momento de pactar sus honorarios, incluso dispuestos a amacizarse con la administración de justicia para facilitar la prescripción, violar términos, aplazar audiencias y hasta posar de enfermos para

Torcerle el cuello al debido proceso, haciéndose cómplices de la impunidad que ronda sin vergüenza por los pasillos de los tribunales.

Abogados que al hablar con sus clientes están pensando más en su lucro personal que propiamente en el caso encomendado.

¡Esa es Colombia! Lamentablemente donde se instaura una denuncia con la esperanza de hacer justicia y debe esperarse a que transcurran años sin resolverse mientras el delincuente reincide si control las veces que quiera y no pasa nada.

Se dice que la justicia no opera y que “solo aplica para los de ruana”.

Pues ahora ni en los de ruana ni en nadie, mucho menos en los de cuello blanco con capacidad de sobornar y saquear por billones las arcas del Estado.

Crisis moral y ética se suma a la complejidad descrita. También, con los abogados es la misma institucionalidad responsable directa de esta situación, permitiéndole que haya llegado a extremos incalculables, todo por su ineficiencia y su mediocridad.

Buena parte de los miles de millones de las denuncias contra funcionarios públicos, contratistas y demás proveedores de bienes y servicios al Estado o al sector privado llevan consigo involucrada la asesoría corrupta de un abogado.

En consecuencia, es hora de agilizar los trámites concernientes a la reforma a la justicia, de igual forma como se ha hecho con la reforma laboral y al sistema de salud, aun cuando los directamente implicados se hayan opuesto contando a su haber con la ignorancia del coro de idiotas útiles que repiten sin conocer los temas y sin medir las consecuencias de lo que hacen.

Pero también le llegó la hora al Consejo Nacional de la Judicatura de concientizarse de esta penosa realidad, conociendo de oficio muchos casos en los cuales se encuentra comprometida la reputación de esta insigne profesión por cuenta de quienes abusan de su ejercicio por acción u omisión. Así mismo a las universidades como a la agremiación, a las academias de jurisprudencia, etc., para que hagan lo propio por protegerla y dignificarla.

Que los abogados realmente hagan honor a ser legalmente autorizados para asesorar y defender los derechos e intereses de las personas en materia jurídica.

Y la administración de justicia, como parte fundamental de la función pública encargada por la Constitución Política y la ley para hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, haga lo que le concierne, por garantizar la convivencia social y procurar la concordia nacional.