Sobre marcha de hoy 9 de abril

La paz ha sido el anhelo de generaciones de colombianos, que se ha visto impedida por las reiteradas acciones terroristas de las Farc, entre otros actores. La inexplicable indolencia de nuestra clase dirigente mantuvo un Estado débil que permitió durante décadas la acumulación de actores ilegales.

A partir de la ventaja estratégica que sin duda ganó el Estado colombiano con el  Plan Colombia y el fortalecimiento de la capacidad militar de la administración Pastrana, como Ministra de Defensa me correspondió entregar al país el texto de la Política de Seguridad Democrática que diseñamos como una política de Estado bajo el liderazgo del presidente Uribe en el 2002. En esa política se expresó que en el momento en que llegara el punto de quiebre en la capacidad de las Farc para seguir usando la violencia como instrumento político, cabría una negociación con ese grupo para terminar el conflicto.

De las lecciones del pasado el país aprendió que mientras los gobiernos buscaban la paz, las Farc buscaban su fortalecimiento y tomarse el poder. Por ello sabemos que un acuerdo de paz no puede lograrse a costa de la justicia ni de la debilidad institucional, pues no lograríamos la paz y, por el contrario, el mensaje para la historia sería el de la muerte en vano de miles de colombianos, civiles, militares, jueces, campesinos, muchos héroes anónimos y millones de oportunidades perdidas de la patria.

De mi parte estoy dispuesta a apostar por un proceso que tenga claridad y certezas. Que les garantice a los colombianos que las Farc se comprometen con verificación internacional y la protección debida a sus miembros, a revelar la ubicación de las minas antipersona que han sembrado en todo el país y apoyar al Ejercito en el desminado; a suspender de inmediato el reclutamiento de niños y jóvenes así como la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra; a suspender la extorsión y amenazas contra las personas y empresas que residen en Colombia; a acabar los ataques terroristas contra la población civil; a abandonar su vinculación al narcotráfico; a desmovilizar y desarmar a la totalidad de sus miembros incluyendo los milicianos que tienen en las ciudades.

Un proceso de paz será creíble en la medida en que los jefesguerrilleros y los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad y terrorismo dejen de lado su pretensión de hacer política y que como principio general, acaten la aplicación de un mínimo de justicia por sus delitos. Solo apoyamos un dialogo que concluya en la reparación a las victimas, la verdad de los crímenes y la asignación de responsabilidades, no uno que genere impunidad.

El Partido Conservador tiene un papel irrenunciable en la guarda de los intereses del pueblo y en especial de las víctimas. No puede el partido extender un cheque en blanco a un gobierno que traicionó las ideas y el compromiso de dar continuidad a las políticas de Estado por las que fue elegido. El 9 de abril es una fecha que no solo recuerda la inmolación de un importante líder popular de origen liberal, sino recuerda a los conservadores el día en que por las vías de hecho se trató de revocar el mandato de un Presidente conservador, elegido democráticamente.  Quisiéramos que este 9 de abril fuera recordado como el día en que un país unido por el liderazgo presidencial, con claridad de lo que se está negociando y con certeza ciudadana sobre los puntos mencionados atrás, saliera a marchar para exigir de todos los actores ilegales su sometimiento a la ley y la justicia como condiciones para lograr la paz. Lamentablemente ninguna de esas seguridades está dadas el día de hoy y por eso no marcharé junto al presidente Santos,  Marcha Patriótica, Gustavo Petro, ni Piedad Córdoba. Un proceso  que genere impunidad no es legítimo ni será sostenible.