Democracia: elecciones e institucionalidad

Siempre  será oportuno debatir y discutir sobre la democracia, pero no ya desde la perspectiva simple de su existencia, sino de su calidad. Ello implica reconocer que aun cuando los regímenes democráticos lograron predominar en la región sobre aquellos autoritarios o despóticos, su afianzamiento enfrenta obstáculos o barreras que la tornan frágil y tenue.
En el caso colombiano, son tantas y tan variadas las problemáticas existentes que socavan la democracia, que van desde las profundas desigualdades en materia socio-económica, innumerables reformas políticas y electorales que han resultado exiguas, hasta una institucionalidad con serias deficiencias en representación, participación y gobernabilidad, por no mencionar las dificultades que se afrontan en materia de financiamiento de campañas, representación de las mujeres, inclusión de minorías, clientelismo, violencia, el conflicto armado, la corrupción y permeabilidad en todo el sistema por el narcotráfico y las relaciones con los grupos armados al margen de la ley.
Las elecciones son un vehículo indispensable en el ejercicio de selección de representantes, pero no son determinantes por sí mismas para garantizar la estabilidad de un Estado democrático de derecho. Se depende también de un arreglo institucional capaz de proteger los derechos y las libertades ciudadanas, construido a partir de legitimidad, gestión eficiente, mayor interés por el bienestar general y la transparencia. En esto, tanto los partidos políticos como el Congreso, considerados como instituciones fundamentales de la representación democrática, han fallado.
Ninguno de ellos ha sabido comprender ni mucho menos sortear el carácter expansivo que tiene la democracia, que les dota de funciones que van más allá del simple agenciamiento de intereses y les lleva a liderar las dinámicas de racionalización y materialización de la vida política del país, en el sentido de garantizar, en la mayor medida de lo posible, la participación con verdadera incidencia en las decisiones que los afectan. De ahí que pueda justificarse la tendencia claramente identificable de “fortalecer” tales entidades por vía de la imposición gradual de medidas orientadas a establecer obligaciones en términos de democratización.
No obstante lo anterior, ni los avales, los umbrales o responsabilidades reconocidas en cabeza de los partidos, son suficientes como mecanismos de disciplina y responsabilidad interna. Indicadores de seguimiento y evaluación del sistema electoral deben ser tomados en cuenta con mayor seriedad y ser objeto de definición de programas de acción política encaminados a vigilar la salud del país en esta materia. Recuérdese que la democracia debe concebirse como un derecho de los pueblos y no, como muchos opinan, a la manera de un atributo de los gobiernos.
Así pues, el trascendental desafío que toda Colombia y sus ciudadanos enfrentan, consiste en trabajar porque la democracia sea mucho más que el mero acto de proclamar unas elecciones libres y justas y, se entienda, de una forma tal que cuando hablamos de democracia, supongamos toda una institucionalidad política que funciona de manera integral. En otras palabras, tomando como base a la sociedad y al Estado como uno solo y fundiéndolos en instituciones que representen sus intereses, fortalecidas, transparentes y eficientes que retornen la confianza ciudadana.