La semana anterior fue tan vertiginosa en materia de acontecimientos políticos que muchos de ellos han pasado desapercibidos, sepultados por otros que se han considerado de mayor importancia. Pero vale la pena repasar algunos.
Este Gobierno se debate en sus escándalos de cada día; el nepotismo incrustado en esta administración sigue haciendo de las suyas. Ahora tenemos que el marido de la ministra de Minas, Irene Vélez, que ni siquiera es colombiano, tiene un nebuloso contrato con el Estado por más de 10 millones mensuales. Vélez renunció el miércoles. En ese mismo club están los dos hijos de la ministra del Trabajo, Gloria Ramírez; las esposas del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, el mismo que dijo que no subirán el diésel en plena campaña electoral; el marido de la modosita ministra de Educación, Aurora Vergara; la señora del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, y la familia entera de Sebastián Guanumen, cónsul en Chile.
El caso de Guanumen es sumamente interesante. En campaña, fue este sujeto el que ‘corrió la línea ética’, y quemó a punta de mentiras a Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y Federico Gutiérrez, dejándole el camino despejado a un delincuente impune como Petro. Por eso este le debe tanto. Aparte de darle un consulado a Guanumen, otros miembros de su familia también tienen jugosos contratos con el Estado, como el papá, dos tías y la hermana.
También se conoció la semana anterior otro contrato firmado a favor del bailarín Nerú Martínez por más de $ 7 millones mensuales en su calidad de coreógrafo (?) de la Casa de Nariño, para lo cual acreditó su título de bachiller y un curso de fisioterapia de un mes. A lo mejor sus méritos se apoyen más en su trabajo como masajista de la Primera Dama, de lo que se filtraron imágenes bastante subidas de tono. ¿Eso lo tenemos que pagar los colombianos?
Por eso debe ser que la señora Alcocer casi nunca viaja con su marido, quien acaba de efectuar su paseo número 21 al exterior en los once meses que lleva en la presidencia. Definitivamente, esta gente no llegó a servirle al país sino a servirse de él y de los colombianos.
Pasando a otro tema, bueno es resaltar que un fallo judicial dejó en claro que las protestas del 21 de noviembre de 2019 no constituyeron ningún “estallido social” sino que fueron una verdadera asonada instigada por las disidencias de las Farc dirigidas por el asesino alias ‘Iván Mordisco’, lo cual se repitió en el paro criminal de mayo de 2021.
Pero lo más importante de todo ha sido la confesión hecha por ‘Martín Sombra’ a la Justicia Especial para la Paz (JEP), en la que dejó en claro que fueron las Farc quienes cometieron la masacre de Mapiripán, Meta, en 1997, y que tenían una estructura especializada en cometer atrocidades que les fueran endilgadas a las fuerzas del Estado. Nada de qué sorprenderse cuando también confesó que les hacían consejos de guerra a niños, concluyendo en pena capital.
La importancia de esa confesión radica en que Mapiripán ha sido usada por años para alimentar una narrativa de paramilitarismo de Estado. El guerrillero ‘Sombra’ exculpa al general Rito Alejo del Río, pero es que el general Jaime Humberto Uscátegui pagó 17 años de cárcel sin tener nada qué ver con unos sucesos que ni siquiera acaecieron en su jurisdicción, y por los que el Estado colombiano recibió una condena por violación de los derechos humanos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este histórico comandante de las Farc ha revelado muchos secretos, pero a este no le quieren dar credibilidad porque se le cae a la izquierda buena parte de su discurso. Y algunos han querido ocultar semejante revelación hablando del fallo de La Haya a favor de Colombia, el buen trato que Petro pidió brindar a los asesinos del Eln o el favor que le hizo Biden a esta administración al suspender el monitoreo de cultivos de coca. Es que, es tanta, que tendrían que descertificarnos.
Parece un vértigo de otras épocas; es el tour, pero en bicicleta estática.
@SaulHernandezB