Tal como lo he dicho en varias de mis columnas, nunca la Cancillería había pasado en su historia por un caos producto del desorden en sus dependencias, manejos y nombramientos sin la formación y experiencia necesaria, y lo más grave, un ministro que la dirige, caprichoso, terco y politiquero, que ha llevado a esta importante cartera a una caída al vacío y a un cuestionamiento internacional.

El presidente Petro se equivocó en materia grave cuando nombró de canciller a Álvaro Leyva, dándole la instrucción de ayudar en su cuestionada paz total, de ahí que descuido su labor como Canciller. Tal vez, hubiese sido inteligente emocionalmente, si lo hubiese nombrado consejero de Paz, que es algo que de una u otra forma Leyva domina, por su cercanía toda su vida a las Farc.

En año y medio hemos visto un ministro displicente, equivoco, arrogante y creyéndose inmune a todo, así como pretendiendo pasar por encima de la ley 80 sin consecuencias.

Su servilismo con el jefe lo ha llevado a cambiar reglas en nombramientos o fijar posiciones incomprensibles, que lo llevaron a retractarse ante la tensión diplomática en el conflicto israelí-palestino.

Los nombramientos de embajadores y cuerpo diplomático han privilegiado sus amistades o las de su hijo, designando personas sin conocimiento ni legitimidad diplomática. Recordemos sus pronunciamientos en el caso Benedetti. Y para rematar no escuchó en el caso de los pasaportes a la gente de su ministerio, ni la sugerencia de la Oficina de Defensa Jurídica del Estado, quienes le advirtieron, que no se obcecara afirmando que: “no acepto licitaciones de sastre. La ley no las permite” y luego proclamando que estaría metros bajo tierra cuando saliera el fallo final, debido a su edad.

La decisión de esta semana de la Procuraduría, con pruebas recolectadas con los mismos funcionarios de su ministerio, demostraron su actitud obtusa, al suspenderle de manera inmediata por tres meses, a manera preventiva, para que no siguiera obstaculizando con su arbitrariedad la investigación, al declarar desierta la licitación y convocar a una urgencia manifiesta, contrariando a la Justicia y perjudicando al país con una multa de cifras astronómicas ($117.000 millones de pesos), que pagamos los colombianos a través de nuestros impuestos. Además, el aparente interés de su hijo de dársela a una empresa diferente, todo esto sujeto de investigación.

Como siempre aparece el presidente y sus áulicos a decir que no hay error sino deseos de no dejarle gobernar. No demora en convocar a la Corte Internacional de Derechos Humanos y amenazar, como lo hace permanentemente, de que llevará este caso allí.

Cómo añoramos la seriedad, conocimiento, eficiencia y corrección de la última canciller ante tanto desgreño, desconocimiento a los funcionarios de carrera y expertos en diplomacia internacional. Otras eran las épocas en que nos sentíamos orgullosos de representar a Colombia en cualquier contexto. Nuestra imagen ha descendido internacionalmente y ante los ojos de todos los colombianos. No hay derecho que la presidencia insista en proteger y defender un Ministro de Relaciones, simplemente por llevar la contraria a la justicia, a los expertos y a la opinión pública.  

Presidente, es una oportunidad de corregir el curso de la Cancillería y las Relaciones Exteriores. No es una persecución.