La situación actual de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional ha escalado a un punto preocupante para el país, el gobierno y particularmente, para el señor presidente. Lo que inicialmente se planteó como diálogo de paz ha derivado en un grave problema, donde los ilegales han aprovechado las mesas de negociación para fortalecer su posición mediante la violencia y no para construir una vía hacia la reconciliación.

Ese afán del Eln por demostrar fuerza y control regional ha desembocado en actos delictivos y violentos, dirigidos tanto contra la ciudadanía como la fuerza pública, esta estrategia, que busca intimidar y obtener ventajas en la mesa de negociaciones, no solo amenaza la estabilidad y seguridad del país, sino que pone en entredicho la viabilidad de un proceso de paz con verdaderas bases para el futuro.

Los recientes atentados y ataques perpetrados por el Eln en diversas regiones del país no pueden ser interpretados de otra manera que, como una burla a la confianza depositada en estas negociaciones. No se trata solo de violentar a la fuerza pública, cuyos hombres y mujeres arriesgan sus vidas diariamente por la seguridad de los colombianos, sino de actos dirigidos contra la propia ciudadanía, que merece vivir en paz, sin ser víctima de grupos armados ilegales.

El momento que enfrenta el gobierno es decisivo; la paz, como proceso, puede soportar muchos estadios y dificultades; sin embargo, ha llegado el punto en el que es imperativo establecer acuerdos claros que no solo comprometan a las partes, sino que incluyan consecuencia de diferentes indoles, firmes serias y ejemplarizantes, aplicables a los componentres  que violen acuerdo y compromisos, no se puede tolerar que actores en la mesa de negociación recurra al terror y  la violencia como maniobra de presión.

El país necesita que los diálogos de paz tengan un verdadero propósito: garantizar el cese de actividades delictivas, protección a la vida, los derechos fundamentales y la búsqueda de una convivencia pacífica. Cualquier intento por socavar este proceso debe tener consecuencias transparentes y contundentes, que sirvan no solo para disuadir futuras violaciones, sino para establecer precedentes que fortalezcan la legitimidad de la negociación.

En este contexto, el gobierno tiene responsabilidad de proteger la ciudadanía y su fuerza pública manteniendo firme su compromiso con la paz; esto no implica ser flexibles ante los violentos, sino asumir una postura que establezca límites inquebrantables, con una estrategia firme, que combine negociación y pactos obligantes. Este compromiso permite garantizar que los esfuerzos de paz no se conviertan en otro capítulo fallido de nuestra historia y el gobierno debe actuar con decisión para poner fin a estas acciones homicidas, así como garantizar que las mesas de diálogo conduzcan a una paz real, con sanciones severas para aquellos que intenten sabotearla.