La crisis de los migrantes de Venezuela hacia Colombia ha adquirido ribetes dramáticos en las zonas de frontera con la hermana república, particularmente en Cúcuta, ciudad que ya vivía una crisis social por el cierre de la frontera que bloqueó el intercambio de bienes y servicios entre las comunidades que habitan a un lado y otro de la línea fronteriza, creyendo con ello, de manera absurda, los burócratas del gobierno de Venezuela que evitaban que los colombianos les saquearan sus víveres, medicinas y alimentos.

A esta difícil situación se le agrega ahora, como si fuera poco, el flujo de migrantes- se habla de veinte mil a cuarenta mil diarios- por los puentes internacionales y las “trochas”; ya se registra un acumulado cercano a las 600 mil personas, que, de pronto, es un poco más, sin incluir los que vienen de tránsito hacia otros países. Esta cifra supera el volumen de los migrantes que llegaron a Europa en el 2017, que fue algo menos de 200 mil.

Este panorama, con las variables que involucra, nos demuestra que efectivamente se está viviendo una crisis humanitaria cuyos efectos ha desbordado la capacidad de las autoridades locales y regionales para afrontarla, lo mismo que a Migración Colombia, Pastoral Social de la Iglesia Católica y  la Acnur Se requiere de una política pública estatal que comprometa a todas las entidades concernidas y, al mismo tiempo, convocar el esfuerzo y el apoyo de la comunidad internacional con el fin de constituir un fondo común con recursos de las agencias de cooperación de los Estados Unidos -así lo dio a entender el Secretario de Estado Tillerson  en su reciente visita-, de la Unión Europea y de los países latinoamericanos agrupados en la OEA.

Las condiciones de los migrantes se agudizan mientras Nicolás Maduro desconoce por completo esa realidad dramática. Se le ve bailando con doña Cilia anunciando que aspirará a la reelección con una monumental desfachatez, mientras el pueblo padece hambre y es víctima de la represión inclemente de sus autoridades, como lo demuestran los más de cien muertos que ocurrieron en el marco de las marchas del año pasado.

Por otra parte, se debe tener claro que una cosa es brindarle a los migrantes atención humanitaria de emergencia, que tiene vocación de temporalidad, y otra es proporcionarle condiciones estables a esta población  que puede adquirir la condición de refugiados si no decide retornar. Ello es bastante improbable si tenemos en cuenta  que en el horizonte no se vislumbra un cambio en la orientación del régimen político de Venezuela desde que Maduro anuló los poderes de la Asamblea Nacional  al convocar una Constituyente espuria  que cogobierna en el vecino país porque le otorgaron funciones administrativas cuando su misión aparente era la de expedir una nueva Constitución, que es lo único que no ha hecho. Esa fue la excusa para poder bloquear el órgano legislativo y así validar las decisiones que la Asamblea no les estaba autorizando.