¡Bonito negocio! “Usted es el dueño del sótano y de todo lo que allí se encuentra. El problema es que no puede acceder sino por el primer piso. Y pues, yo no se lo permito”.

Eso es lo que venía ocurriendo en todo el país gracias al tremendo desacierto de la anterior Corte Constitucional, que le expidió patente de corso a los entes territoriales para que prohibieran la realización de proyectos mineros y petroleros en vastas zonas de la geografía colombiana.

Según datos de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en 92 municipios se han promovido Consultas Populares con ese fin. Hasta el momento se han aprobado 9. En otros seis se han suspendido y en 54 están aún en trámite.

El tema no es de poca monta. Se estima que esas Consultas frenaron proyectos extractivos que dejaban regalías anuales por valor de 250.000 mil millones de pesos. Y lo peor es que también de paso se paralizaron grandes inversiones en otros proyectos que estaban en marcha, pero que frente al equivocado mensaje de inseguridad jurídica que enviaba la Corte Constitucional, prefirieron suspender operaciones, cuando no irse para otras latitudes más amables a la recepción de inversión y conocimiento extranjeros. Las cifras son dramáticas.

En buena hora la nueva Corte Constitucional, de manera seria y responsable con el país, asumió la dura tarea de enmendar los graves errores de su antecesora, y ha dejado en claro que “los intereses de los territorios no pueden imponerse sobre los de la Nación”.

Consideró además la Corte Constitucional “que poner la Consultas por encima de la Nación va en contra del precedente que indica que el Estado es el dueño del subsuelo”.

Remata la Corte señalando “la inexistencia de un poder de veto de las Entidades Territoriales para la exploración y explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables que son de la Nación”.

Quedó claro también que la palabra clave que se impone a futuro es la de la concertación, queriendo decir que de ahora en adelante deberán concurrir Nación, entes territoriales, empresas y comunidades, para que, en un clima de respeto, confianza, buena fe, garantías para el ejercicio de los derechos humanos, y agregaríamos nosotros, información calificada, se de la discusión necesaria en torno a dichos proyectos.

Desde luego, las empresas tendrán que cumplir con todos los trámites legales, conseguir las licencias mineras y ambientales, y, además, ratificar el compromiso de trabajar bajo las más severas metodologías que aseguren un ambiente sano.

Y por supuesto se deberá contar con el control y vigilancia de las autoridades correspondientes, tales como los Ministerios de Minas, Ambiente y Corporaciones Autónomas, CAR.

Todo lo anterior para resaltar la importancia que tiene en la financiación del presupuesto general de la nación, la explotación de los recursos naturales.

El déficit fiscal que inicialmente era de 25 billones de pesos en el presupuesto del 2019, gracias a los buenos precios temporales del petróleo, se redujo a 14 billones de pesos. Infortunadamente la noticia es que el hidrocarburo está  hoy nuevamente a la baja, haciendo aún más difícil el cálculo del monto faltante.

A propósito, todos los sectores de la economía, los gremios de la producción, así como los entes territoriales, pujan por tener una mayor porción de dicho presupuesto. Recientemente las universidades públicas lograron con sus marchas que el Gobierno cediera prontamente a sus demandas y les otorgara 1 billón y medio de pesos adicionales, que ni de esta forma dejó contentos a los manifestantes, y es así como ya preparan nuevas marchas con el fin de ir por una tajada mayor.

Y parece que el método funciona. Ya se anuncian nuevos paros como el de los docentes. Y seguramente ya estarán haciendo fila los “tales paros agrarios” así como el de transporte, bastante experimentados en hacer movilizaciones, protestas, y cierre de vías.

Todo el mundo quiere una mayor participación del presupuesto, sin embargo, cuando se hace necesario adelantar una reforma tributaria para esos fines, ahí se arma la gorda. Y lo mas paradójico, cuando se requiere de explotar nuestros recursos naturales mediante una minería lícita, responsable y formal, que genere regalías para las regiones e impuestos y divisas para la Nación, ahí si es Troya.

¡Así, ni modo!