En la noche del 15 de mayo, la Asamblea Nacional francesa aprobó por amplia mayoría un controvertido proyecto, al que faltan aún varias etapas para convertirse en reforma constitucional, sobre la ampliación del censo electoral en Nueva Caledonia modificando un presupuesto central de los acuerdos firmados en 1988 y 1998 con los que se mantuvieron más de 30 años de paz y convivencia entre independentistas y quienes quieren que ese territorio se mantenga dentro de la República francesa. Este voto provocó un estallido de violencia en Numea y otras zonas del archipiélago con un saldo, hasta ahora de seis muertos, entre ellos dos gendarmes.  Numerosos automóviles, tiendas y fábricas han sido incendiadas, afectando gravemente  una economía local que ya estaba en crisis particularmente por las  dificultades de comercialización del níquel, principal fuente de ingresos de este “territorio de ultramar” en la terminología de ese país.

El gobierno francés presentó su proyecto de ley como una continuación de los acuerdos. Sin embargo, estos fueron los que congelaron las listas electorales en las elecciones provinciales de Nueva Caledonia para promover una mayor representación de las poblaciones indígenas. Hoy en día, la revisión de estas listas, reduciría significativamente la representatividad de los canacos, por lo que los separatistas lo ven como una imposición inaceptable.

Colonia francesa desde 1853, Nueva Caledonia se convirtió en territorio francés de ultramar en 1946. Tras un candente conflicto -percibido como guerra civil para muchos, entre quienes estaban a favor de que Nueva Caledonia permaneciera dentro de la República francesa y los separatistas, el “Acuerdo de Matignon” del 26 de junio de 1988- previó un período de desarrollo de diez años, con garantías económicas e institucionales para la comunidad canaca, antes de que los habitantes de Nueva Caledonia tuvieran que decidir sobre su futuro. Al mismo tiempo, se crearon tres provincias como marco para el reequilibrio económico y social del territorio.

Un segundo acuerdo, de Numea, firmado el 5 de mayo de 1998, previó la celebración de varios referéndums sobre la libre determinación de Nueva Caledonia, así como la transferencia de determinadas competencias en muchos ámbitos, excepto el de las que se consideran soberanas (defensa, seguridad, justicia y moneda), que seguirían siendo asumidas por la República Francesa. Así, en  1999 Nueva Caledonia se convirtió en una colectividad territorial con un estatuto especial de amplia autonomía diferente de las  demás colectividades de ultramar. El estatuto prevé en efecto la construcción de un "destino común" mediante el establecimiento de una ciudadanía de Nueva Caledonia, "el pleno reconocimiento de la cultura canaca" mediante la defensa y promoción de esta cultura y la adopción de signos de identidad (himno, lema, bandera, nombre del país y ortografía de los billetes) que representen "la identidad canaca y el futuro compartido por todos", así como la protección del empleo local.

Los referendos de autodeterminación celebrados en 2018 y 2020 rechazaron la independencia. El último,  organizado en diciembre de 2021, fue boicoteado por los separatistas canacos, que habían pedido su aplazamiento debido a su incapacidad para organizar "una campaña justa" en el contexto de la epidemia de Covid-19. Marcado por una abstención récord,  este terminó con una victoria masiva para los partidarios del no (96,49% de los votos).

Después de este último referéndum, el presidente Macron dijo que los habitantes de Nueva Caledonia habían votado a favor de permanecer dentro de la República Francesa. Lo que  para muchos observadores técnicamente  es correcto, pero políticamente discutible pues  los líderes canacos no reconocen la validez de las últimas  elecciones.

Diferentes sectores políticos abogan por el establecimiento de "una misión de diálogo" en el espíritu de lo que “permitió evitar la guerra civil hace 40 años”, a partir del consenso alcanzado entre el Estado, los separatistas y los que abogan por mantenerse en Francia. Y es que sin duda la solución a la problemática planteada necesariamente  es multifacética y debe tener en cuenta el tema  económico  entre las muchas aristas que se plantean para el futuro y la sostenibilidad de la convivencia en ese territorio. Cuatro presidentes de  regiones  de Ultramar (Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa y Reunión) firmaron, junto con una veintena de parlamentarios de ultramar un llamado en ese sentido pidiendo el retiro del proyecto  y un replanteamiento global del tema. Resta saber si el gobierno Macron sabrá escuchar y leer bien el mensaje que todos ellos le envían.

@wzcsg