Son palabras mayores las que maneja el presidente del Gobierno en sus planes pacificadores del llamado conflicto catalán. Nada menos que cancelar el delito de sedición y abaratar las penas por corrupción. Dos reformas marcadas por la arbitrariedad, pues se están tuneando los marcos legales para favorecer a determinadas personas.

Sánchez pregona la desjudicialización de la política. Niega que eso signifique hacer política al margen de la ley. Es verdad. Lo que calla es su tendencia a cambiar la ley si no se ajusta a su agenda, de modo que se pueda hacer política sin que a los jueces se les haya perdido nada en la confrontación de posiciones.

Atención, pregunta: ¿Ni siquiera en temas que afectan al bloque constitucional, como la integridad territorial o la soberanía nacional única e indivisible, la amnistía que reclaman los independentistas o la celebración de un referéndum de autodeterminación?.

De momento solo estamos en una especie de microgolpismo inspirado en el propósito de aliviar la penitencia impuesta por los tribunales a los dirigentes de la intentona de octubre de 2017. Aquellos que incurrieron en la peor de las corrupciones de un gobernante: meter la mano en la caja común para costear la demolición del orden constitucional. Mucho peor que la malversación con enriquecimiento personal. Robar dinero público para el bolsillo privado es un delito perfectamente localizable. Siempre será más fácil retirar una manzana podrida que sanear el cesto de la insumisión al vigente orden jurídico de un Estado.

Más discutible es que esa valoración cale en la ciudadanía. El tsunami mediático que aparentemente tiene acorralado a Sánchez no se corresponde con un similar estado de opinión pública. Ni con el arropamiento parlamentario que le permite tomar "arriesgadas" decisiones ajustadas a las formalidades democráticas que no generan grietas -no hasta ahora- en la aritmética del "bloque de investidura" sobre el que se apoya el llamado Gobierno Frankenstein.

Por otra parte, el presidente del Gobierno aspira a que le saquen en procesión por la ejemplaridad de su discurso, sino por la rentabilidad de sus decisiones. De nada servirá el mayoritario sermón antisanchista si este no permea entre los votantes a medio plazo. O si, a corto plazo, no contagia a los diputados del Psoe, Unidas Podemos, ERC y el resto fuerzas adheridas a la causa de la España republicana y plurinacional que reniega del régimen del 78.

No es previsible que eso vaya a ocurrir antes de que unas elecciones generales vuelvan a repartir cartas. Entonces sabremos si los votantes comparten los reproches contra las arbitrarias decisiones de Sánchez o se impone la amnesia colectiva a pie de urna.