Cualquier proyecto para reconstruir a Colombia a partir del 2026 debe obsesionarse con recuperar el crecimiento económico. Sin él, no podremos impulsar ningún tipo de movilidad social, ni reducir la pobreza de manera sostenible. No tendremos la capacidad material de derrotar a las economías ilegales, ni de desterrar a las fuerzas políticas que se respaldan en ellas. No podremos reconstruir nuestros abatidos sistemas pensionales y de salud. Todos estos objetivos dependen de una economía robusta que sirva de base para fortalecer al estado, al empresariado y a la sociedad en general.

Los colombianos trabajan, en promedio, unas 2297 horas al año, un 27% más que los estadounidenses. Gozamos de una fuerza laboral que corresponde a alrededor del 50% de la población, una proporción similar a la de los Estados Unidos. Aun así, los ingresos per cápita de nuestro país corresponden al 25% de los de Estados Unidos. ¿Por qué y cómo podemos cerrar esa brecha?

Por un lado, debemos preocuparnos por reducir la tasa de informalidad, que según datos de la OCDE se ubica en un 55% de la fuerza laboral. En el año 2018, la Federación de Aseguradores Colombianos estimó que el trabajo formal colombiano tiene niveles de productividad del 40% de los estadounidenses; es decir, por cada dólar que genera el trabajador estadounidense promedio en una hora, un trabajador formal colombiano puede generar cuarenta centavos. Si pudiéramos conservar aquellos niveles de productividad laboral y darle empleo formal a toda la población colombiana, nuestros ingresos per cápita alcanzarían el 50% de los estadounidenses, una cifra comparable a la de Panamá o Letonia.

Por otro lado, debemos esforzarnos por construir un sector formal más dinámico y productivo, atrayendo talentos y capitales para fortalecerlo, expandiendo nuestra infraestructura para apoyarlo y eliminando los obstáculos jurídicos, regulatorios y de seguridad que hoy entorpecen su pleno desarrollo. Si el sector formal colombiano fuese tan productivo como el estadounidense, conservando su participación del 45% de la fuerza laboral, podríamos alcanzar ingresos per cápita del 59% de los estadounidenses, comparables a los de Polonia o Estonia.

De estas dos variables, con toda la complejidad que capturan, depende en gran medida el futuro de nuestro país. Será muy difícil alcanzar las victorias absolutas que describí en los dos escenarios anteriores, pero si avanzamos en paralelo con ambas causas, podremos obtener resultados aún más prometedores. Supongamos, por ejemplo, que Colombia pueda reducir su tasa de informalidad a la mitad en veinte años, aprovechando que, con el crecimiento poblacional más bajo de nuestra historia moderna, será cada vez más viable darle empleo formal a un mayor porcentaje de la fuerza laboral. Simultáneamente, podríamos incrementar la productividad del trabajo formal en un 70%, una meta ambiciosa pero no descabellada considerando que logramos un incremento similar en la productividad laboral total entre 2002 y 2019. Estos logros se traducirían en unos ingresos per cápita del 65% de niveles estadounidenses, comparables a los de España o República Checa.

Teniendo en cuenta estos objetivos, cada vez que leamos la propuesta de un candidato presidencial o para el Congreso en el 2026, debemos hacernos dos preguntas básicas. Por un lado, ¿contribuirá esta propuesta a incrementar, mantener estable, o reducir la proporción de trabajadores colombianos en la economía informal? Por el otro, ¿contribuirá esta propuesta a que las empresas formales colombianas sean más, menos, o igual de productivas?

Estas dos palancas de la prosperidad deben obsesionarnos como ciudadanos y deben obsesionar a nuestra próxima generación de estadistas.