En las pasadas elecciones de mitaca la población colombiana en su gran mayoría votó por la democracia, lo que produjo la más contundente derrota del proyecto anarco-socialista del Régimen y sus comparsas municipales. Por esa libre decisión popular, llegan nuevos alcaldes amantes de la democracia y la libertad al gobierno local. Ese evento electoral ha sido el más importante que se ha dado en el país en los últimos años, el cual se produjo de manera espontánea en el pueblo desencantado del gobernante de turno y su hirsuta demagogia. Semejante derrota electoral la han tratado de desconocer con toda suerte de propuestas demagógicas. La elección de alcaldes independientes o de partidos democráticos ha sido como una vacuna democrática para nuestra maltrecha política.

Hoy el gobierno apela al anarco-socialismo para transgredir la ley, fomentar el caos y atentar contra las bases mismas del sistema democrático. No otra cosa es el raponazo por decreto contra el sistema de salud, el cual probó su eficacia en medio de la crisis y los desafíos que generó el Covid, como en las instancias de rutina. Sin que fuese perfecto, pese a que los expertos lo cuantifican como uno de los mejores del mundo, al punto qué hasta ciudadanos de Estados Unidos, incluso europeos y de países vecinos se hacían atender en Colombia, dado, también, el prestigio de nuestros médicos y enfermeras. Parte de la crisis se produce como consecuencia de la decisión del ministro de Salud de no pagar a tiempo lo que les debían a los hospitales, las empresas del ramo y estrangularlos. Nadie sabe a ciencia cuántos muertos y enfermedades agravarán la situación social, debido a la decisión oficial de destruir el sistema. Esto es lo mismo que el mico que se sube a un árbol y jugando con un serrucho, termina por minar la rama en la que se sienta y se cae.

Desde un primer momento advertimos que el gobierno anarco-socialista estaba por demoler el sistema de salud actual y empujarnos a un sistema fracasado como el de Cuba. Lo mismo que advertimos que el asalto a Ecopetrol sería fatal para esa compañía, la que según el presidente Petro estaba copada por una pandilla de asaltantes que se llevaron millones de dólares. Lo cierto es que, gracias a Ecopetrol, el país se abastece de gasolina y mantuvo un sistema positivo de asociación con empresas multinacionales para explorar, explotar y procesar el crudo. Miles de ahorradores accionistas de la petrolera han visto como los despluman y cae la acción.

No imaginamos que la podredumbre de la política oficial se extendiera de tal manera al Congreso, que pudiesen comprar favores de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, al punto de paralizar las denuncias contra los abusos de poder y violatorios de la Constitución. Varios de estos legisladores ¨comprados¨ los conocemos, por lo mismo omitimos sus nombres, hasta que la justicia esclarezca el asunto. Por todas partes se dice que cuantos están colaborando para esclarecer esos entuertos son amenazados de muerte. Por tapar el entuerto amenazan con convocar una Constituyente, a como dé lugar.

Por el momento tenemos un cambio de estrategia: el gobernante dice que no va por una Constituyente, mientras que el excanciller Álvaro Leyva sigue sosteniendo que, según los acuerdos de paz convenidos con las Farc, es obligatorio hacerlo. Los expresidentes dicen que la Constituyente no va, los gremios de diversa índole la rechazan, el sector privado y los empresarios se oponen. Mientras que aparecen exdirigentes de las Farc, como del Eln y otros grupos subversivos dando su apoyo a la convocatoria.

Veremos qué pasa al respecto, puesto que como lo sostuvimos en pasado escrito, cuando el constituyente primario de Colombia rechazó el plebiscito por la paz de Juan Manuel Santos y las Farc, ese proyecto habanero queda herido de muerte. Así el gobierno se hizo el sordomudo frente al clamor de una Colombia libre y democrática, contraria a favorecer una paz en la que las Farc quedaban instaladas en el Congreso.

Como saben que ese proyecto “subversivo” transgresor de la ley no pasaría en las Cortes, ahora dicen que es un mandato internacional de la ONU, que no pasa por el control interno. Nada de eso, nadie está por encima del constituyente primario y nuestras leyes.