LOS cultivos  de coca en Colombia crecieron en los dos últimos años en un treinta y nueve por ciento,  hay sembradas noventa y seis mil hectáreas con participación de setenta y cuatro mil quinientas familias campesinas, lo cual equivale a que, por lo menos,  trescientas mil personas subsisten merced a esta actividad, radicadas en regiones apartadas donde la presencia del Estado es precaria, según informe de la ONU.

El  asunto  se  estudió en La Habana, con la  aceptación de que el narcotráfico, en ciertos casos, constituye delito político conexo susceptible de amnistía. Se relievó la intención de reducir cultivos, de no usar glifosato, de otorgar facilidades para reemplazarlos, hubo voluntad de abocar el punto, las dificultades al erradicarlos en áreas protegidas, como  parques naturales, poblaciones indígenas o comunidades afro  y los negociadores de la guerrilla intentan persuadir ahora a frentes reacios a desmovilizarse y desarmarse  “con argumentaciones ideológicas y políticas a fin de ocultar la evidente influencia de intereses económicos opuestos a la terminación del conflicto.”

Las noticias  muestran que el Estado no dispone de una política integral para prevenir, controlar el cultivo, procesamiento, distribución y exportación de la coca,  ni ha precisado lo referente al desarrollo de lo concerniente con la figura jurídica del delito político. Lo acordado trasciende porque los cuadros subversivos no son  solamente los  del trasiego y la acción represiva contra los campesinos, obligados a sembrar en ocasiones, resulta contraindicada. Corresponde programar actividades productivas licitas, mejorar infraestructura y acertar.  Si bien hay más coca los cultivos afectan a menos municipios con un trasfondo de atraso,  la situación de Tumaco que contiene diez y nueve mil hectáreas, el diez y ocho por ciento de los cultivos de la hoja,  merece análisis cuidadoso.  

En la  refrendación de lo pactado en la Habana  está inmerso, sin conocimiento ciudadano, el tratamiento del narcotráfico. El documento por firmar   contiene el marco de definiciones y actos administrativos  en los cuales el papel de las ramas del poder, de los partidos políticos, de los empresarios, de la academia, de las fuerzas armadas,  será fundamental, la colaboración de la comunidad internacional y de los organismos especializados se requiere, sin interferir nuestra soberanía. El ex presidente Cesar Gaviria dice que “las políticas de drogas matan a más gente que las drogas” y en la cumbre de Nueva York de abril de 2016 los países latinoamericanos se pronunciaron contra la represión como única vía. Pedimos información oportuna sobre el camino a seguir para  afrontar un problema con características especiales, que es de todos, cuya solución va unida a la convivencia y a la sociedad igualitaria. La ciudadanía la requiere.