¿Por qué no hay ministros negros?
Uno de los aspectos que más me llamó la atención al leer el libro Esclavitud, Abolición y Racismo de José Ángel Carreras, un destacado historiador de la Universidad de La Habana es el análisis que hace sobre los debates políticos en la década de los años 30 del siglo XX acerca de las leyes contra el racismo y la discriminación en Cuba.
Debates que duraron un decenio y en la Constitución Política cubana de 1940 se declaró ilegal y punible toda discriminación por motivos de sexo, raza, color o clase y otras manifestaciones contra de la dignidad humana. Además, se consagraron una serie de las sanciones para los infractores y de paso se prohibieron las prácticas discriminatorias en la distribución de oportunidades de trabajo en la industria y en el comercio, una especie de reglamentación de lo que actualmente llamamos Ley de cuotas en Colombia.
Este caso cubano sirve para ilustrar como en un país como Colombia donde nos ufanamos de ir a la vanguardia de los cambios mundiales, sólo 71 años después de que una nación como Cuba legisló contra el racismo y la discriminación de la población negra, los colombianos apenas hace dos años aprobamos una norma que penaliza estas prácticas. Este caso sirve para demostrar cómo en Cuba que fue uno de los últimos países en abolir la esclavitud en América, fue a la vez uno de los primeros en abordar este tipo de legislación contra el racismo y la discriminación de la población negra.
Soy de los que creen que el racismo y la discriminación no se combaten con leyes, sino con educación y políticas estatales integrales de inclusión y equidad. Porque, a veces algunas normas, en lugar de integrar a determinados grupos sociales lo que se hacen con ellas es fomentar más segregación. Por eso no soy partidario de algunos proyectos de ley relacionadas con asuntos étnicos, porque más allá de las buenas intenciones que se expresan en ellos, lo que se requiere es voluntad política del Estado para desarrollar políticas de inclusión en beneficio de todos los segmentos de una sociedad independiente de sus connotaciones étnicas, religiosas o de otra índole.
La Ley antidiscriminación que se aprobó en el 2011 se ha convertido en letra muerta y el proyecto de ley de Igualdad de oportunidades que anunció hace dos años, el presidente Juan Manuel Santos, similar al de la pigmentocracia que impulsó el exvicepresidente Francisco Santos, terminó archivado por petición del Gobierno.
Para nombrar un ministro negro, para otorgarles créditos a individuos negros, becas a estudiantes negros o construir una obra en un pueblo habitado por negros no se requiere de leyes, sino voluntad política. Sin voluntad política de los que controlan el régimen pueden existir miles de leyes y la situación económica, política y social de los negros seguirá siendo difícil en una sociedad desigual, clasista y excluyente como lo es la colombiana.
Porque en la conciencia de la mayoría de la población colombiana que se cree “blanca” y superior, sobre todo en las elites que gobiernan y controlan el poder, siguen los rezagos de la herencia colonial donde a los negros y los indígenas se les miran como seres inferiores, perezosos e incapaces y por esos prejuicios étnicos no encontramos, ni negros, ni indígenas en altas dignidades del Estado y el sector privado.