Existe hoy en Colombia un sentimiento de desamparo por razón de la postración de la justicia colombiana. A la dificultad de acceder a ella, a la morosidad de sus fallos, al laberintico procedimiento que la caracteriza, al estigma de una posible politización de sus decisiones, a la multiplicación de jurisdicciones y de los conflictos que por ello se generan, se suma la corrupción de algunos de los más encumbrados de sus servidores. No es extraño entonces que su recuperación sea urgencia inaplazable y tema principal de los candidatos a la presidencia de la república.
La propuesta del candidato Iván Duque de fusionar las Altas Cortes en un Tribunal Supremo que integre en su seno las jurisdicciones que hoy se hallan dispersas y separadas, despertó el interés de muchos y la radical oposición de otros. En Colombia tenemos cinco Altas Cortes: la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado; la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura y la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP). Y a ellas nos aprestamos a sumarles la Jurisdicción Agraria exigida por el Acuerdo de Paz, y otra ambiental que nos impondría el Acuerdo de Escazú. Es este un diseño que desarticula el funcionamiento de la justicia, genera traumáticos choques de trenes, es insostenible presupuestalmente y permeable a su politización.
Quienes celebraron la creación de la JEP como supremo, autónomo y soberano órgano de la justicia, con capacidad de hacer trizas el principio de la cosa juzgada y de atar la tutela al interés político e ideológico prevaleciente en su seno, hoy se oponen con el supuesto de que consagra lo que ellos defendieron en su momento. Doble rasero moral de una izquierda en apuros. La propuesta de una sola Corte no es extraña a nuestro ordenamiento jurídico, ni exótica en el concierto internacional. Hasta 1991 tuvimos a la Corte Suprema y al Consejo de Estado en pacífica convivencia. A partir de 1991, asistimos al fuego cruzado de cuatro Cortes en precario diálogo de sordos que flaco favor le han prestado a la coherencia, credibilidad y eficacia de la justicia y que copiamos de España que hoy padece los mismos desencuentros que nosotros. Por el contrario, la mayoría de estados miembros de la ONU solo cuentan con una sola Corte, en especial aquellos de mayor reconocimiento democrático.
No hay que resistirse a un cambio que contribuirá a la recuperación de nuestra justicia y con ella de la institucionalidad, y que apunta a un país moderno que aliente la legitima aspiración de las nuevas generaciones a construir una potencia que contribuya a la paz y al desarrollo del hemisferio. Esa es la misión de Iván Duque.