“Movilizaciones, convocatoria a reflexión” 


Protestar es un derecho. Manifestarse públicamente es legítimo y así lo consagra la Constitución de 1991 en su Artículo 37. Sin embargo, hacerlo pacíficamente es condición ineludible o se pierde su naturaleza.

Existen normativas o protocolos que deben cumplirse en estos casos. Por ejemplo, el Acuerdo 079 de 2003 del Concejo de Bogotá, expresa que "para una convivencia ciudadana armónica, es necesario el respeto por las actividades normales de las personas, tanto en el espacio público como en el privado, con la observancia de comportamientos que favorezcan la tranquilidad, so pena de imposición de sanciones".

Así mismo, el Decreto 331 de 2006 establece que "en el caso de marchas o manifestaciones que ocasionen perturbación al orden público, el incumplimiento a las condiciones señaladas por la Secretaría de Gobierno, o aquellas que no hayan sido anunciadas con anterioridad, las autoridades de policía procederán a disolverlas o a impedir su realización, conforme a los dispuesto por el Código Nacional de Policía”.
Por eso, una vez autorizada una manifestación para un determinado fin y condiciones, no puede cambiar su objetivo de buenas a primeras durante su realización, ni mucho menos permitir que afloren conductas que atenten contra la integridad de las personas ni contra la infraestructura pública o privada.

Entonces, tan legítima fue la marcha del pasado sábado de solidaridad por la niñez, como se suponía debió haber sido la que le antecedió "en favor de la educación".
No obstante, la diferencia fue tan abismal, que los hechos hablan por sí solos.

En las sociedades democráticas las movilizaciones se respetan siempre que se efectúen con serenidad y buen juicio; pero no si se abusa de la buena fe de muchos jóvenes, como sucedió el pasado 10 de octubre, a los que realmente les interesaba marchar para expresarse pacíficamente, pero de buenas a primeras terminaron envueltos en reprochables actos de vandalismo ocasionados por terceros, desnaturalizándose el sentido de la misma.

Movilizarse por la educación es tan importante como hacerlo por los niños. 

Se supone que si en la formación del niño se incluye el respeto y la responsabilidad, como también los principios y valores morales para vivir sanamente en sociedad, más tarde no tendrían por qué actuar en sentido contrario. 

Por eso al educador le cabe, de la misma manera, una inmensa responsabilidad semejante a la de los padres.
La sorpresa es ver jóvenes con comportamientos absolutamente contrarios a los esperados como resultado de una adecuada formación; pero aún más grave, observar a los docentes en igual actitud.

Las movilizaciones deberían ser una convocatoria a la reflexión. 

De otro lado, la desigualdad social y las comodidades de unos frente a las carencias de otros, no puede necesariamente servir de referencia para calificar a los (as) muchachos (as) por su conducta según su estrato. 

La buena o mala conducta no necesariamente es relativa a la condición económica.

Muy grave más bien, que en nuestras universidades se formen delincuentes hasta en las de más alto rango.
Recordemos que "todo individuo está inmerso en un entorno, con el cual interactúa y muchas de sus acciones son el resultado de su interrelación".