Al iniciar el nuevo Gobierno, Iván Duque se topará con el Estatuto de la Oposición, por primera vez en vigencia en nuestro país y que será liderado por Gustavo Petro en el Senado, con el ímpetu que lo caracteriza. Con este gran desafío, el Presidente más joven de los últimos tiempos en Colombia, tendrá cuatro años para consolidar su apuesta de unir al país, sacar adelante enormes retos y posicionar un gobierno moderno e innovador.

Con el Estatuto de la Oposición, una de las herramientas más importantes para contrarrestar el enorme poder del presidencialismo colombiano, los partidos de la oposición tendrán garantizada la financiación, el acceso a medios públicos y privados, a la información y documentación oficial; el derecho a la réplica; la participación en mesas directivas de plenarias; participación en la comisión de relaciones exteriores y presencia en la sesión exclusiva en la que se discutirá la propuesta de Plan de Desarrollo, entre otros. 

En medio de todo esto, Duque deberá impulsar las reformas tributarias y aquellas relacionadas con la justicia, intervenir las EPS a fin de superar la crisis del sector salud, recuperar la credibilidad en las instituciones, garantizar la seguridad en los territorios, luchar contra el creciente incremento de los cultivos de coca y el microtráfico que coloniza los centros urbanos, consolidar la paz y, además, afianzar la economía naranja, su impronta.

Para hacerle frente a estos retos, el nuevo inquilino de Casa de Nariño deberá evitar las peleas innecesarias y buscar un punto de encuentro entre los partidos de la oposición y los del gobierno, a fin de construir confianza y avanzar en otros entendimientos.

La consolidación de la paz en Colombia es el punto de encuentro entre el nuevo gobierno y la nueva oposición. Por lo que al Presidente no le conviene impulsar reformas estructurales al Acuerdo, sino más bien fortalecer y viabilizar los instrumentos creados para su implementación. Uno de los más importantes es la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, por ser el eje de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Es probable que la JEP, como entidad nueva, tenga vacíos normativos que con el tiempo se irán ajustado. No obstante, sus procedimientos expeditos responden a las necesidades frente a las numerosas violaciones que caracterizan a un conflicto como el nuestro. Lo que sería inviable a través de la justicia ordinaria, cuyo enfoque retributivo, procedimientos complejos y parámetros probatorios estrictos, caso a caso, no le permiten responder a las cuantiosas violaciones y lo prolongado del conflicto.

Esto justifica la existencia de la JEP que con enfoque restaurativo, parte del reconocimiento voluntario de la verdad a cambio de beneficios, agilizando así las confesiones e investigaciones. Lo que resulta difícil de entender y aceptar, pues se trata de un esquema que es nuevo para todos, incluidos los magistrados y funcionarios de la JEP. Como cualquier sistema nuevo, la curva de aprendizaje es compleja pero vale la pena darle la oportunidad, por el éxito del Gobierno de Duque, que repercute en beneficio de todos los colombianos.