Hace algunos días la Dra. Marta Lucía Ramírez hizo referencia a las numerosas complicaciones que enfrenta una mujer para ocupar roles de liderazgo, enfatizado: “el país tiene que evolucionar muchísimo en ese sentido”. No se trató de una hipérbole utilizada por nuestra primera mujer Vicepresidenta en su elocuente discurso, sino de una lamentable realidad que enfrenta Colombia. Un país en donde en las pasadas elecciones presidenciales todas las candidatas al primer cargo del ejecutivo, terminaron retirándose para aspirar al segundo puesto.
En pleno siglo XXI, las mujeres colombianas seguimos sufriendo distintas formas de discriminación. Según cifras del DANE (GEIH) de marzo-mayo 2018, la tasa de desempleo para las mujeres fue 12%, para los hombres fue 7%. Aunque en todos los niveles educativos existe un mayor número de mujeres formadas, por cada 4 hombres con título hay 5 mujeres, las asalariadas ganan el 7% menos que sus pares hombres, las trabajadoras independientes reciben un ingreso del 35,8% inferior al de los hombres y en la ruralidad la brecha es del 44%. En América Latina la brecha es del 16%.
El Ránking de Equidad de Género en las Organizaciones -PAR- de 2017, mostró que en niveles jerárquicos menores existe una brecha de 13% a favor de las mujeres y esta diferencia se incrementa hasta un 29% a favor de los hombres a nivel de las juntas directivas. Juntas que se componen en un 65% por hombres y en un 35% por mujeres; es decir, que aproximadamente dos tercios de los cargos directivos están siendo ocupados por hombres. Existen techos de cristal en el ascenso laboral de las mujeres, quienes tampoco cuentan con las mismas oportunidades de los hombres para acceder a cargos directivos.
En Colombia la lucha por la autonomía económica de la mujer se acerca a los 100 años. Sin embargo, hasta 1932 fueron reconocidos sus derechos patrimoniales, asegurando su independencia económica y el derecho de manejar sus propios bienes. En 1933 se dictaron normas relativas a la educación y su ingreso a la universidad. En 1936 fue aprobada una reforma constitucional que les concedió el derecho de desempeñar empleos que conllevaran autoridad o jurisdicción, abriendo los cargos públicos a las primeras abogadas que empezaban a egresar de las universidades. Solo en 1954 se reconoció el voto femenino y pudieron votar oficialmente el 1 de diciembre de 1957. El 3 de septiembre de 1981 entró en vigor la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
En los últimos años se promulgó la Ley 1257 de 2008, reglamentada por los Decretos 4463, 4796 y 4798 de 2011, que busca sensibilizar, prevenir y sancionar la violencia y discriminación contra las mujeres tanto en el ámbito público como privado. También se creó la Ley 1496 de 2011 para la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, cuya reglamentación está pendiente, falta definir las reglas de valoración salarial que permitan determinar la remuneración de acuerdo a la experiencia, responsabilidades, funciones y desempeño.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez tendrá que enfrentar grandes retos en el camino de garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, erradicar todo tipo de discriminación en su contra y cerrar las brechas laborales entre hombres y mujeres. Es clave la creación del Ministerio de la Mujer, con un presupuesto autónomo y aprobado, apuesta que se comprometió a impulsar a partir del próximo 7 de agosto. Como también lo es reconocer y equilibrar el rol de las mujeres en la economía del cuidado, actividades no remuneradas. Será estratégico promover una política eficiente de equidad laboral en el sector público, privado y en la ruralidad, así como implementar programas para fortalecer el liderazgo de las mujeres. Deberá discutir abiertamente sobre estos temas, abordando los prejuicios existentes frente a los roles de las mujeres y de los hombres, para motivar un cambio cultural. La equidad laboral de género no se dará espontáneamente, por lo que toca impulsarla de manera decidida.
*Magister Ciencias Políticas