En Colombia decir que la violencia de los últimos 60 años dejó más de 7 millones 500 mil víctimas, no es una novedad. Lo vergonzoso es el olvido al que han sido condenadas. Ninguna sociedad puede progresar ignorando el dolor y la sangre derramada. Si queremos un futuro mejor para las próximas generaciones es imperativo que haya justicia para quienes padecieron la más profunda de las injusticias.
Reconozco lo difícil que es dimensionar el dolor ajeno. Yo sólo lo hice después de escuchar testimonios de muchas víctimas: al padre que contó cómo incineraron vivo a su hijo y llevaba consigo las fotos que le enviaron; la indígena wayúu que narraba cómo violaron a su madre y hermanas para luego degollarlas y jugar fútbol con sus cabezas; mi madre que me dijo con lágrimas en los ojos y apoyada en su fe en Dios: “hijita, tu hermano por fin es libre y no va a sufrir más” lo acaban de asesinar a sangre fría, después de más de 5 años de secuestro. ¿Cómo hacen quienes han sufrido tanto para levantarse erguidos buscando algo que les permita rehacer sus vidas?
Por eso esperamos que el Gobierno de Duque haga realidad la apuesta de “gobernar para todos”, y abarque el universo de víctimas, sin clasificarlas, ni discriminarlas según el victimario. El sufrimiento es el mismo sin importar de dónde vengan las balas. También deseamos que concrete su voluntad de “unir al país”, no existe un propósito común más importante para los colombianos que la consolidación de la paz. Todos, incluyendo a quienes votaron por el NO en el plebiscito, añoramos el fin de la guerra. Nadie en Colombia desea poner una cuota más de dolor y sangre, no queremos una víctima más.
Igualmente positiva es su decisión de “no hacer trizas el Acuerdo”. La interpretación que hagan de él los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, juega un papel primordial; deben ceñirse a los parámetros constitucionales nacionales e internacionales, de manera que no menoscabe los derechos de las víctimas y de la sociedad en general. Sin poner en riesgo los logros alcanzados, el paso dado por las Farc hacia el desarme y reincorporación a la vida legal es firme y nosotros como sociedad amante de la paz, debemos estar dispuestos a aceptarlos, siempre y cuando respeten las normas de convivencia ciudadana, nuestra Constitución y la ley.
No obstante, debemos admitir que ambas partes olvidaron que las víctimas eran el centro de la negociación. Las Farc tenían su propia agenda y se apresuraron a participar en política, sin hacer el debido proceso de transición a la legalidad. Por su parte, el Gobierno puso todo su empeño en la firma del Acuerdo, sin recuperar el control de los territorios entregados, ni fortalecer la institucionalidad para implementar lo pactado, motivo por el cual hoy vemos la escalada de líderes sociales asesinados, justamente en las zonas de las “circunscripciones de paz”.
La atención integral a las víctimas requiere unificarse en una institucionalidad sólida y disminuir la burocracia. Conviene proceder a la reforma pendiente de la Ley de Víctimas, a fin de lograr mediante una política de Estado y no de Gobierno, resolver el limbo en que están y crear las condiciones para una atención adecuada, integral y suficiente. Grandes retos que esperamos este nuevo Gobierno asuma con la responsabilidad y la transcendencia histórica que demanda el país.
* Magister en Ciencias Políticas