Montesquieu, uno de los cerebros que con sus ideas – dinamitas desencadenó la sangrienta y pavorosa revolución francesa, -a tres millones de franceses les cortaron la cabeza- se hacía ésta escalofriante pregunta: “¿En cuál gobierno son indispensables los más rigurosos controles, para el buen manejo del presupuesto, logrado con los esfuerzos de los ciudadanos? Pues en las repúblicas democráticas, ya que todo queda al buen criterio de funcionarios, legisladores y juzgadores, a quienes el pueblo soberano selecciona para que todo se decida dándole predominio al “bien común”. Pero, ¿qué ocurre en la realidad? El acaparamiento de la totalidad de los beneficios, son para paramilitares, amigos y para los mismos dignatarios escondidos bajo la figura del “testaferrato”.
Gracias a que la vergonzosa “Comisión de Acusaciones o absoluciones” del Congreso, pasó del parlamento a la Corte Suprema de Justicia, se encarceló al senador Cataño, pues en el 40% de los contratos de algunos departamentos fueron llevados a cabo a “dedo” violando prohibición expresa de la ley.
El exmagistrado Alberto Poveda Perdomo publicó un documentado y exitoso libro titulado “La corrupción y el régimen”, en que suministra datos, informes y nombres de parlamentarios investigados y condenados por multitud de delitos contra los dineros públicos. Menciona a más de 60, indicando fechas precisas de las decisiones judiciales. Comenta que, por habilidad, influencia (inocente por prescripción o pruebas incompletas…) se salvaron muchísimos peces gordos. En la Comisión de Acusaciones o Absoluciones del Congreso, se concentraron más de 5.000 expedientes inmovilizados, estancados, intocados e ignorándose el motivo de tanta inmoralidad.
Lo más descorazonante es que nunca pasó nada. El exmagistrado Poveda Perdomo expresa en qué consiste el ‘cáncer’ de la contratación con el Estado. Insólito y exagerado sobreprecio al ordenar la ejecución de los trabajos. Impresionan los episodios en que se cobró el contrato sin ejecutar la obra. Utilización de material y tecnología obsoletas. En un buen porcentaje, aunque figura un político haciendo la obra, el que la realizó fue un tercero, es decir lo que se denomina la subcontratación.
Son más corruptos algunos contralores regionales, que los mismos contratistas. Esto se explica fácilmente, ya que los concejales influyen para la adjudicación de los contratos y los contralores los eligen estos mismos concejales. Se ordenan obras públicas para favorecer propiedades de los mismos funcionarios. Miles de obras son absolutamente innecesarias. Pagan estudios y consultorías que no se necesitan. Ordenan obras solo por el peso de influencias poderosas. Vender dolosamente información privilegiada, a pesar del deber moral de la “reserva oficial”. Dejan degradar con insolencia obras del Estado. Desacatan la obligación de denunciar irregularidades evidentes y manifiestas. Denegar justicia. Dejar en altísimo porcentaje obras iniciadas. Fue más lo que costaron los estudios para el túnel de La Línea, que el precio de éste túnel. Duramos cuatro siglos para ejecutarla. Ahora Petro pretende, contra la voluntad de las mayorías, pasar el servicio de la salud al pueblo, del sector privado al público, a sabiendas de la ineptitud de los gobiernos politiqueros para dirigir éste o cualquier servicio.
Conclusión. La corrupción es el peor azote para un país. Anula el civismo. El dinero de los contribuyentes va a parar al patrimonio de los delincuentes y se priva a la comunidad de servicios esenciales. Hace imposible comprar tecnologías modernas. Disminuye el bienestar ciudadano y menosprecia el valor del hombre. Ante la inmoralidad la inversión extranjera se va para otros países. La corrupción justifica el terrorismo.