El Gobierno no ha hecho más que recetar placebos para aparentar que está gestionando la crisis energética que el negacionismo del Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, lo lleva a descartarla. Son varias las dosis de ellos las que se han prescrito por parte de sus más altos funcionarios. Veamos.
La Superintendencia de servicios públicos, siguiendo sus instrucciones, expidió una Circular eliminando “el cobro de conceptos no asociados a la prestación directa de los servicios públicos domiciliarios y el cobro del impuesto de alumbrado público en la factura de servicios públicos”. En mi concepto este es un sofisma de distracción, pues se trata de simular una rebaja de la tarifa, tratando de eliminar el cobro a través de la factura de energía de otros conceptos que no hacen parte de la tarifa, pero sí de la factura. Y digo que es un sofisma porque por el hecho de que no se cobren y paguen el impuesto al alumbrado público o la tasa de aseo o la tasa de seguridad con la factura de energía, el usuario lo tiene que pagar por separado.
Peor que la circular anterior de la Súper es la otra que dispone que no se aplique la llamada “limitación de suministro” a las empresas que lleguen a ser intervenidas, que consiste en que cuando la empresa que comercializa la energía no le paga al generador que se la vende, este queda facultado para suspender el despacho de la misma. Por consiguiente, ello puede abocar a las empresas generadoras a la iliquidez y a tener problemas de flujo de caja para atender sus propios compromisos que conlleva la administración, operación, la compra de combustibles en el caso de las centrales térmicas y el pago a proveedores. Ello puede dar lugar al tan temido efecto dominó, que puede conducir a un efecto sistémico, poniendo en riesgo el suministro de energía a los usuarios. Medidas como estas son la peor forma de “defender” al usuario, como aduce el ministro Camacho, cuando sostiene que él está “del lado de los usuarios”.
Y mientras tanto el Gobierno se las apaña para comprar tiempo y dilatar la respuesta al llamado desesperado de parte de los gremios que representan a las empresas comercializadoras y a las generadoras de energía para que le gire los subsidios que les deben. No ha valido tampoco el requerimiento que le hicieron mediante un pronunciamiento conjunto la Contraloría General y la Procuraduría, advirtiéndole del riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio.
Más recientemente, ante la insistencia de los organismos de control el actual ministro de Hacienda, Diego Guevara, se comprometió a cancelarles a las empresas la suma de $1 billón, en cómodas cuotas mensuales, entre los meses de enero y abril de este año. Pero las empresas quedarán en las mismas, pues cada mes se causan $300.000 millones por concepto de subsidios al consumo de los estratos 1, 2 y 3, de tal suerte que de llegar a cumplir lo prometido por parte del Ministro para el mes de abril la deuda acumulada con las empresas comercializadoras de energía no sólo no se habrá saldado, sino que será mayor.
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