Hace algunos años, en un almuerzo que ofreció el expresidente ecuatoriano Rafael Correa a las comisiones negociadoras con el Eln que nos encontrábamos en Quito, le hice la siguiente pregunta al mandatario:

- Presidente Correa, hemos podido apreciar la maravillosa red vial que tiene el Ecuador. Realmente nos da envidia de la buena a los colombianos. Pero cómo hacen ustedes: ¿no tienen acaso consultas previas que surtir?

A lo cual me respondió: si tenemos consultas previas y las realizamos; pero estas consultas no pueden durar por tiempos indefinidos; tienen términos precisos que deben respetarse; además, a las comunidades consultadas solo se les reconoce lo justo; no aceptamos pretensiones económicas desmesuradas que rompan con la viabilidad financiera de los proyectos.

Esta conversación con el presidente Correa -y sobre todo su respuesta- se me vino a la memoria al leer el que quizás será el más importante logro de la promocionada y accidentada visita del gobierno Petro a La Guajira la semana pasada, a saber: que se logró destrabar el calvario de las consultas previas que agobiaba el proyecto denominado “colectora” de la empresa de energía eléctrica de Bogotá. Que andaba paralizado hace varios años en el kafkiano laberinto de las consultas previas, y con el cual se busca trasladar hasta la red de interconexión nacional cerca de 1500 MV hoy atrapados en la Guajira. Se trata de un proyecto clave para el desarrollo energético del país.

Pues bien: para destrabarlo fue necesario la envión final de todo el equipo gubernamental que hizo presencia en la península para cerrar las 235 (¡Óigase bien: 235!) consultas que fue preciso surtir para desempantanar el proyecto. Una buena parte de las cuales se pudieron cerrar durante la visita del equipo presidencial en lo que se llamó “pacto por la justicia energética”.

El mecanismo de las consultas previas está salido de madre en Colombia. No solo está afectando este crucial proyecto del recolector de la energía guajira que adelanta la empresa de energía eléctrica de Bogotá, sino que hay centenares de otros proyectos de inversión en infraestructura paralizados a lo largo y ancho de la geografía nacional por culpa de un mal entendimiento de lo que es la razón de ser de las consultas previas.

El gobierno y el congreso están en mora de regular cuanto antes está desbordada figura que, de seguir las cosas como van, terminará asfixiando el futuro de la inversión del país. Recordemos que no hace mucho tiempo (para no salirnos del marco geográfico de la Guajira) la empresa Enel desesperada por el costo y las dilaciones que le estaban imponiendo las interminables consultas previas a su proyecto eólico Windpeshi de 200 MV, prefirió darlo por terminado, dejándolo inconcluso.

Lo que se logró durante la visita del equipo gubernamental del presidente Petro a La Guajira con el proyecto de la línea recolectora de la EEB es plausible. Pero imposible de repetir a todo lo largo y ancho de la geografía nacional donde el malentendido alcance que se le está dando a las consultas previas está paralizando la inversión pública. El gobierno nacional en pleno no podría dedicarse a otra cosa que a destrabar los múltiples proyectos hoy atascados saltando de un sitio a otro.

Que las comunidades deban estar informadas previamente a la iniciación de cualquier obra importante que se realice en su territorio, y que deban ser compensadas razonablemente por los perjuicios que esas obras les causen, es apenas natural. Pero que al amparo de la figura de las consultas previas se paralicen -como está sucediendo- infinidad de obras cruciales para el desarrollo del país, resulta inaceptable.