Hablar del Catatumbo es referirse a una de las regiones más golpeadas por la violencia en Colombia. Sus habitantes, víctimas de un conflicto prolongado, claman por seguridad y estabilidad para regresar a sus tierras; sin embargo, el panorama sigue siendo sombrío, pues la presencia de grupos armados ilegales, el narcotráfico y la ausencia efectiva del Estado, impiden cualquier avance significativo hacia la paz y la recuperación de la zona.

El Gobierno, con buenas intenciones, ha expedido decretos en busca de soluciones, pero algunas de estas disposiciones resultan riesgosas y de dudosa viabilidad. La propuesta de expropiación con fines estratégicos a largo plazo, que podría sentar precedentes en otros territorios convulsionados, pero en la práctica, no ataca la raíz del problema en el Catatumbo generada por la presencia de guerrillas y disidencias que imponen su ley y dominan la región con el uso de las armas.

La solución real para devolver la tranquilidad a los habitantes del Catatumbo debe comenzar con el desmantelamiento total del Eln o cualquier grupo ilegal que opere en la zona. Esta es una tarea monumental, pues los actores han consolidado su poder en el territorio durante décadas fortalecido su capacidad militar, a cambio de la preocupante y precaria situación de nuestras Fuerzas Armadas, sometidas a recortes presupuestales que limitan su accionar y debilitan la presencia en el territorio. Sin un respaldo jurídico, refuerzos en equipos, tecnología y personal, como hoy se encuentran será imposible recuperar la soberanía del Estado en esta región.

Y no basta con redimir el territorio desde lo militar, es imprescindible que el Estado haga presencia con todas sus instituciones, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deben establecerse en el Catatumbo. No podemos permitir que la población siga sintiéndose desprotegida y abandonada, la presencia estatal debe ser una realidad tangible y no un simple discurso de buenas intenciones.

Por otro lado, la Policía Nacional, que debería ser la primera línea de defensa para los ciudadanos, necesita urgentemente recursos y apoyo, los efectivos policiales deben contar con medios adecuados para retomar el control de los sectores dominados por la criminalidad. Hoy los habitantes del Catatumbo viven atemorizados, sin posibilidad de oponerse o exigir sus derechos porque no cuentan con una Fuerza Pública que los respalde y proteja.

Si queremos evitar que esta crisis se prolongue y se repita en otras zonas del país es fundamental que el Estado actúe con determinación; recuperar el Catatumbo no es una tarea sencilla, pero es una obligación ineludible. No podemos permitir que el territorio siga en manos de los violentos, ni que los ciudadanos sigan sufriendo el abandono y la indiferencia de un país que debe garantizar su seguridad y bienestar. Es hora de actuar con firmeza y compromiso.