Mientras en todo el mundo a los ancianos se les respeta y se les trata con consideración, Colombia es un país donde la atención y beneficios para la tercera edad son mínimos.
A eso se agrega la obsesión de los ministros de Hacienda en cada gobierno por disminuirles su mesada pensional, tal como sucedió en el 2005 con la supresión de la prima de mitad de año, sin que nada hubiese podido hacerse para impedirlo. Sus luchas quedaron en el pasado, ahora necesitan consideración, solidaridad y respeto, no solamente los de estratos bajos, sino todos sean del nivel social que sea por su propia condición.
La Anif, en representación de sus afiliados pertenecientes al Sistema Financiero, arremete sugiriendo una reforma pensional sin lugar a dudas injusta, matemáticamente fría y despiadada.
Maltratar al pensionado es canalla; proponer medidas encaminadas a violentar sus legítimos derechos es igual que ponerle zancadilla a un anciano en la calle, empujarlo, esculcarlo  y sacarle su plata del bolsillo. Solo a un desvergonzado se le ocurre hacerlo.
Es el ahorro pensional del trabajo de toda su vida; al que ya le hicieron descuentos de ley incluida la retención  en la fuente y salud, está última, a la que debería acceder gratuitamente como sucede en otros países.
Y si bien el Gobierno ha anunciado al respecto, la reducción del pago del 12% al 4%, no aplica para todos los pensionados, violando el derecho a la igualdad; además, será gradual, sin saberse cuanto tiempo irá a tomarse la implementación total de la medida.
Se anuncia la reforma pensional para el 2020 siendo los voceros del sistema financiero los más interesados, como ya lo dijimos. 
Y la razón es sencilla, los grandes grupos económicos "hoy tienen el 85% de los recursos pensionales, más del 50 % de los activos financieros del país, algo así como $227 billones, con rendimientos anuales de más de 27 billones de pesos", dicen los expertos; mientras Colpensiones debe responderle a más del 92% de los pensionados del país, o sea a 1.3 millones de personas.
Lo grave está, en que por cada pensionado que atiende Colpensiones, solamente posee 1.8 cotizantes, mientras en el régimen privado por cada pensionado hay 47 cotizantes. Además, Colpensiones ha recibido en los últimos años, según cifras de la Contraloría General de la República, 270 mil pensionados que vienen de los fondos privados por insatisfacción, quizás, haciendo mucho más onerosa la carga del sector oficial. 
Pero, el asunto no se resuelve negándole derechos al pensionado ni recortándole su mesada.
La pensión es una deuda del Estado para con los ancianos y así debe interpretarse, no sacrificando a estos para favorecer a  los grandes grupos económicos, a donde fueron a parar sus aportes luego  de aprobada la ley 100 de 1993.
Son muchas las prerrogativas que tienen los fondos privados, entre ellas el Decreto 1385 del 22 de junio de 2015, "con el que se abrió una peligrosa excepción a las normas de buen manejo financiero, al permitir a los dueños de las Sociedades Administradoras de Pensiones (AFP) usar los dineros de sus clientes para sus propios negocios, en un abierto conflicto de interés". (El Espectador 24/7/15). 
Entre tanto, cada vez que hay que tapar un hueco fiscal, la fórmula más sencilla es la de pensar en afectar el ingreso de quienes solo esperan los dejen vivir sus últimos días tranquilos.