En noviembre de 1985 la guerrilla, con la colaboración del capo mayor del narcotráfico, se tomó el Palacio de Justicia, sobrevino el holocausto, el peor acontecimiento histórico del siglo XX, murieron más de cien colombianos, hubo repudio ciudadano, por cooptación fue reintegrada la Corte Suprema, un honor haber sido elegido magistrado de la sala constitucional, costó trabajo la reconstrucción de seis mil expedientes, prolongar la memoria de ilustres profesores.
Ahora nos hallamos ante la incursión de la corrupción aún por precisar y cuantificar. El país necesita el rescate de la Justicia, el problema principalmente es humano, la politización condujo a la crisis, tiene que lograrse un acuerdo nacional para llevar a las Cortes profesionales de intachable reputación, sin crear organismos innecesarios, preservando la independencia de las ramas del poder.
Las calidades para ser magistrado de la Corte Suprema, de la Constitucional y del Consejo de Estado deben ser rígidas, empezando por la edad, conviene fijarla a partir de los cincuenta años y restaurar el sistema de cooptación que permitió enfrentar la primera toma a la cual hago referencia. En Estados Unidos los magistrados son vitalicios y solo pueden ser destituidos por el Congreso mediante proceso de impugnación o retirarse por renuncia, el sistema opera.
Aquí se ha errado al nominar personas con falencias, expertas en antesalas, en adquirir compromisos inmorales. A las Universidades corresponde revisar programas, dignificar la profesión de abogado, no es lógico presumir que la corrupción es general, los funcionarios ajenos a sindicaciones siguen habilitados para el ejercicio de sus funciones, respeto el trabajo de jueces probos indignados por la posible comisión de delitos de algunos colegas suyos, considero que un vacío colectivo no sería conducente antes de ser aprobada la reforma constitucional pero urge proceder de consuno, que haya corte de cuentas antes de la posesión del nuevo gobierno, el 7 de agosto del 2018.
La sociedad pide culminar las investigaciones, sancionar a quienes resulten responsables, las decisiones que se adopten deben contar con respaldo ciudadano como lo hubo para seguir adelante después del 6 y 7 de noviembre de 1985, la recuperación indispensable nos concierne a todos, se vincula con la paz, intereses de grupo o motivaciones electorales agravan la crisis.
Los partidos políticos están en mora de depurar cuadros, de adoptar determinaciones concluyentes, de no otorgar avales electorales a aspirantes indignos, de recuperar la confianza comunitaria, el desprestigio de la clase dirigente es inocultable, esperamos el imperio de la Justicia, ella no admite términos medios ni apego al clientelismo. Según Cicerón “los pueblos a quienes no se hace Justicia se la toman por si mismos pronto o más tarde.”