La crisis económica causada por el Covid-19 está alcanzando a millones de personas en nuestro país, afectando sus ingresos, disminuyendo su capacidad de pago, impidiendo el oportuno cumplimiento de las obligaciones de millones de hogares. Para eso, el Gobierno Nacional ha dispuesto una serie de ayudas para los más vulnerables, así como medidas de rescate para los sectores más afectados, y alivios fiscales para el conjunto de la economía. Ante la magnitud de la crisis, todo esfuerzo parece insuficiente, pero sobrepasa la capacidad del Estado, haciéndose insostenible. Por eso, en estos momentos de crisis, se ve con más valor el papel de las empresas, se dimensiona su función social y se hace vital que los ciudadanos cumplan cabalmente con sus obligaciones.
La solidaridad no solo proviene del Estado, en quién recae la mayor obligación de atender la emergencia. La verdadera solidaridad proviene de las empresas colombianas, -y no me refiero únicamente a las millonarias y loables donaciones y ayudas que han beneficiado a millones de familias-, el mayor aporte del sector privado ha sido tratar de sobrevivir, seguir funcionando en medio de esta crisis a pesar de las dificultades, manteniendo su nómina, produciendo y prestando sus servicios, para mantener al pueblo colombiano abastecido, con suministro de bienes y servicios.
El sector privado ha adoptado importantes medidas, solidarizándose con la situación que vive el país, asumiendo por su cuenta, importantes ayudas para sus clientes y usuarios. Por ejemplo, los operadores de telefonía móvil, además de garantizar la gratuidad en la descarga y consulta de la CoronApp-Colombia, están haciendo un importante aporte a la educación de los niños de Colombia, garantizando la gratuidad en el acceso a la página web de Colombia Aprende en su versión móvil, donde estudiantes y profesores podrán interactuar, subir y descargar los contenidos educativos que defina el Ministerio de Educación Nacional.
Así mismo, los usuarios con planes móviles pospago por un valor inferior a 2 UVTs, recibirán un plazo de un mes para pagar sus facturas, sin que les corten la prestación del servicio, ni les cobren intereses. Esos mismos usuarios, así como los que tienen planes prepago, se beneficiarán con un mínimo vital de comunicaciones durante la emergencia, definido en el decreto 555 del 2020, a cargo de los operadores. Pero sin duda, el mayor aporte del sector es mantener comunicado al país, garantizando la prestación de los servicios durante esta emergencia. Por esa razón, el Gobierno declaró a las telecomunicaciones como un servicio público esencial.
Pero la solidaridad también involucra al ciudadano, y no solo es hacer caridad, la solidaridad es cumplir, mientras podamos, con nuestras obligaciones. Que las telecomunicaciones sean un servicio público esencial, no significa, en ningún caso, que los usuarios no tengan la obligación de pagar sus facturas. La prestación de los servicios depende, en gran medida, del cumplimiento de las obligaciones de los usuarios.
Es natural que esta emergencia afecte la capacidad de pago de muchos hogares, por eso, el Gobierno Nacional y la industria, han tomado medidas generosas con un número muy importante de usuarios, tratando de darles alivios y alternativas durante la crisis. Pero de ninguna manera puede abusarse de estos beneficios, la cultura del no pago empieza a verse reflejada en la caja de las empresas y puede terminar afectando la prestación del servicio. Ser solidarios es asunto de todos.