El nuevo presidente de la Internacional Socialista, Pedro Sánchez, sostiene que "vivimos en un mundo marcado por el capitalismo depredador". Una pedrada contra su propio tejado. O sea, contra el sistema que permite a España gastar lo que no tiene con cargo a deuda pública, a fondos UE y a la inflación (unos 23.000 millones de euros más).

Sin embargo, el presidente del Gobierno se permite, por ejemplo, poner a los grandes empresarios en el bando de los malos y exigirles, como a los bancos, que arrimen el hombro para seguir engordando la cifra de ingresos públicos en los PGE 23, que Moncloa ya ha calificado de "los más sociales de la historia".

No soy ningún objetor del gasto social encaminado al arropamiento de las capas más vulnerables y a corregir las desigualdades. Pero señalo el maniqueísmo de buenos y malos a la hora de hacer las cosas para forjar una sociedad más justa sin que sea menos libre.

No viene a cuento estigmatizar a los creadores de riqueza en nombre de unos postulados ya asumidos al devenir de los países europeos. El propio Sánchez reconoció en su discurso de clausura de la IS, reunida en Madrid, que la última reforma laboral pactada por los agentes sociales nos ha hecho avanzar como nunca en estabilidad y en "dignidad laboral". Y en este punto conviene recordar que en nombre del bien común, la patronal CEOE no tuvo mayor inconveniente en apoyar una reforma apadrinada por una ministra comunista.

Ciento treinta y siete años han pasado desde que Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, denunció en el Congreso de los Diputados la penosa situación de la clase obrera hasta que el expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero pidiera el domingo pasado al flamante presidente de la IS la fijación de un límite a la riqueza para redimir a los 800 millones de personas que pasan hambre en el mundo.

Quienes corearon la soflama de Sánchez sobre el "capitalismo depredador" saben que es imposible separar creación de riqueza y creación de puestos de trabajo. Dos términos de la misma ecuación, situados en una irrebatible relación causa-efecto y en el mandato constitucional de que "la creación de riqueza, en sus distintas formas, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general".

Es el mandato que guía al Gobierno al imponer un gravamen extraordinario a la Banca. Pero el interés general también estaría en juego si, como explica Ana Patricia Botín (Santander) se acaba perjudicando la capitalización de los creadores de riqueza, que son los impulsores del crecimiento y, por tanto, los creadores de puestos de trabajo. Endosar el señalamiento del riesgo a la voracidad del "capitalismo depredador" es una forma de fingir desconocimiento del mundo en el que vivimos.