Hemos visto en todos los medios nacionales la situación crítica de inseguridad que padece Buenaventura, tras el enfrentamiento entre bandas criminales que  se disputan el control del territorio y han generado una ola de violencia y pánico a sus habitantes. Una ciudad que no ofrece oportunidades de vida digna para gran parte de su comunidad, pese a su rol estratégico como principal puerto de Colombia sobre el Pacífico.

El problema y sus causas estructurales, asociadas a la histórica incapacidad del Estado para crear condiciones mínimas de desarrollo, ya las conocemos; por eso prefiero abordar algunas alternativas que pueden contribuir a sacar a Buenaventura del rezago en el que se encuentra, que le permitan aprovechar su potencial, pero sobre todo, que generen oportunidades para los miles de jóvenes que hoy son vulnerables de entrar a la criminalidad.

Buenaventura reclama con urgencia una intervención integral de los tres niveles de gobierno, que no se limite a acciones coyunturales para resolver superficialmente la crisis de seguridad como ha sucedido en el pasado. En contraste, esta vez esperamos ver materializadas las inversiones en materia de infraestructura social, de servicios públicos, formación de capital humano y fortalecimiento de la capacidad institucional local que posibiliten el desarrollo de la ciudad y su comunidad.

Se han anunciado inversiones billonarias a través de dos mecanismos especiales. Primero, el Plan Todos Somos Pazcifico en 2016, que destinó 80 millones de dólares para obras de acueducto y alcantarillado; segundo, el FonBuenaventura creado por la ley 1872 de 2017, producto de los acuerdos de un paro civico, contempla la formulación de un plan especial a 10 años, y la perspectiva de ejecutar 1.5 billones de pesos.

Hoy los anuncios no se traducen en obras por dilaciones administrativas del orden nacional y la falta de proyectos estructurados por parte de la entidad territorial. Del primer plan, pese a contarse con los recursos, sólo se ha ejecutado cerca  del 20%, sin que existan proyectos de alcantarillado. Frente al FonBuenaventura, en 3 años no se ha formulado el plan, ni se ha implementado ningún proyecto.

Es tiempo de unir esfuerzos entre los gobiernos nacional, departamental y local, el sector privado y la academia para crear un mecanismo que agilice la estructuración de los proyectos de inversión social que requiere Buenaventura y pueden ser materializados  por los instrumentos que ya existen. La ejecución de dichos proyectos no sólo supliría necesidades básicas de la población sino que contribuiría a la generación de empleo local, en un entorno donde sólo 3 de cada 10 bonaverenses tienen un empleo formal.

Con las condiciones mínimas de desarrollo en términos de seguridad, servicios públicos, infraestructura social, capital humano y fortalecimiento de la capacidad institucional, Buenaventura podría aprovechar su principal ventaja competitiva como puerto, para atraer las inversiones privadas, en sectores como logistica, industria y turismo, que pueden generar las oportunidades de ingresos para nuestra comunidad. Hay que propiciar un sector privado más comprometido con el fortalecimiento del tejido social y una institucional confiable. Para esto necesitamos más obras que anuncios.