Una de las propuestas más inteligentes, simples y urgentes, es la que viene realizando la académica Deidre McClosekey para lograr mayor innovación como motor de crecimiento. Se trata de que en nuestros países existan “libertades de permisos”. Vale decir que todos tengamos la libertad de innovar y hacer empresa, sin que haya un estado paquidérmico en el otorgamiento de permisos o licencias. Se trata también de superar esa idea de un estado paternalista, que cree se las sabe todas, que nos trata como “infantes” y que pretende conducirnos por la vía de la “estatización” o de intervenciones a los mercados a una maraña de autorizaciones.
Hoy en Colombia, por ejemplo, no existe emprendedor o microempresario que no diga que está “mamado” de tanta intervención de entidades que se han convertido en cuevas de burócratas y cadenas interminables de autorizaciones. Piense usted en las trabas del Invima, que impiden que Colombia avance en la dirección de innovar en medicamentos, dispositivos o alimentos, las demoras en los procesos de comercio exterior por autoridades aduaneras, las propias limitaciones para crear o eliminar empresas, las autorizaciones por parte del ICA para exportar productos agrícolas, las dificultades para el sector de energía y gas con licencias ambientales que duran quinquenios o consultas a comunidades convertidas en formas de extorsión que tienen atorados el 46% de los nuevos proyectos o las dificultades para crear programas de educación que cuando llegan los permisos, ya el conocimiento cambió, entre otros.
La salida a este problema la hemos abordado con falta de audacia o con los instrumentos inadecuados. La salida han sido decretos o leyes anti trámites, que acumulan a otro problema complementario: la inflación de normas y regulaciones que dan la sensación de una buena gestión por parte del congreso y de los actores públicos. En promedio en Colombia anualmente se crean 5.700 entre leyes, decretos, resoluciones, circulares y acuerdos y el 41% de lo que se crea han durado más de 20 años. Es decir, son obsoletas y todos los años sigue la “orgía normativa”, que un empresario o ciudadano ni siquiera alcanza a leer.
Una propuesta para este despelote es implementar medidas que rompan con este equivocado camino de décadas. Aprobar una “Ley de Empresa en un día” como lo hizo Chile (Ley 20.659) que permite constituir, modificar, transformar, fusionar, dividir, terminar y disolver sociedades en el menor tiempo posible. Tiempos que con respecto a Colombia son once veces menores. Otra idea, es por un período de tiempo, derogar dos normas por una nueva que se proponga, aparte de hacer público los impactos de las nuevas normas antes de lanzarlas. O lancémonos sin miedo a armar una batería de decretos derogatorios a la manera como Federico Sturzenegger lo ha hecho en Argentina, con silencio administrativo positivo para muchos trámites, cuando la respuesta del estado sea superior a una semana. Modelo que nunca le resta al Estado la posibilidad de evaluar de forma ex post los permisos, motivando la innovación y no lo contrario.
La prioridad es libertad para actuar, un estado menos paternalista y un sector empresarial que pueda moverse rápidamente, para que haya más empleo, inversión y desarrollo.
*Rector Universidad EIA
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