A pesar del paro de taxistas, hay que reconocer que lo más plausible del gobierno Petro en materia energética es la persistencia en continuar ajustando el precio de la gasolina. Esta semana entró en vigor una nueva alza de $600 el galón. Se anuncia que más adelante se empezará a hacer lo mismo con el diésel.

El gobierno Duque se limitó a hacer unos ajustes titubeantes en el precio de los combustibles al final de su mandato. Petro, por el contrario, lo ha hecho con decisión pagando un alto precio político por ello.

Era la única manera de aminorar, y en el mediano plazo eliminar, el enorme déficit del fondo de estabilización de los combustibles. Pues de no haber actuado el actual gobierno como lo está haciendo, el déficit monumental de este fondo habría terminado por devorar el escaso margen fiscal que hay para emprender los programas de gasto social que el país tiene entre manos.

Además: encarecer la demanda de combustibles fósiles -que es lo que se logra al elevar el precio de la gasolina en el surtidor- es la manera inteligente de enfrentar la transición energética en vez de pretender hacerlo sofocando la oferta. Que es a lo que conduce el no otorgamiento de permisos para hacer exploración petrolera, o amenazar como está haciendo el gobierno con prohibir las minas de carbón a cielo abierto como el Cerrejón.

No olvidemos de paso que somos el tercer productor mundial de carbón; que sigue habiendo una enorme demanda por este combustible en países como China, India e Indonesia; y que el trabajo y las regalías que se generan en la cuenca carbonífera de Colombia son inmensos. Sin que esté claro cómo se van a sustituir uno y otras.

Esta semana participé en una audiencia pública en la Corte Constitucional para examinar aspectos fiscales de las regalías. Allí me permití dar algunos datos que muestran el desorden inmenso al que están conduciendo los anuncios energéticos del gobierno Petro. En especial las erráticas directrices que sobre este tema salen del ministerio de minas y del de medio ambiente:

• Según el informe publicado esta misma semana por el gobierno en lo que ha denominado “transición energética justa”, para el 2028 volveríamos a la menesterosa condición de “importadores netos de petróleo” (es decir, más importaciones que exportaciones); condición que el país había logrado superar desde 1975 cuando ante la caída monumental de reservas se revirtió en los tiempos del gobierno López Michelsen la tendencia, básicamente transformando los viejos contratos de concesión por los de participación con la industria petrolera.
• Para el gas natural las perspectivas no son mejores: según este estudio (que es de origen gubernamental, repito) nos quedaríamos sin suficiente gas natural para atender la demanda a partir de 2027.
• Este año la actividad medida en términos de taladros exploratorios cae un 11%.
• Según el último marco fiscal de mediano plazo (MFMP), de seguir las cosas como van la producción petrolera del país caería casi 250.000 b/d que es equivalente a casi un tercio de la producción actual.

Pero lo más grave de todo esto es que las energías renovables (térmicas y eólicas) van a paso de tortuga mientras la demanda sigue creciendo a paso firme en el país.

Por eso son malas las proyecciones energéticas de Colombia: estamos creyendo que a punta de discursos altisonantes se puede diseñar una inteligente transición energética. Y las cosas no son así. Si no hay buena gerencia gubernamental la bulla va a dar al traste más pronto de lo que se espera con la oferta de petróleo y gas natural, sin que estén entrando a tiempo las no renovables con los que se supone van a ser sustituidos los de origen fósiles.

Por todo esto, salvo la decisión política de corregir el déficit del fondo de estabilización de combustible, el resto de la política energética del actual gobierno más parece un gran desorden que una ruta correcta.